19.11.2020 Los ediles se despidieron de la Junta Departamental de Lavalleja

Por Karen Corbo

En una maratónica sesión que culminó a la 1 de la mañana, los ediles de la Junta Departamental de Lavalleja finalizaron su labor en la legislatura 2015-2020. La noche no estuvo exenta de debate – como nos tiene acostumbrados las reuniones de este plenario – sino que hubo varios temas que tuvieron intercambios dialógicos pronunciados.

Durante la media hora de asuntos previos – que terminó siendo una hora – los curules manifestaron sus buenos deseos en la continuidad de sus compañeros, hubo agradecimientos a los funcionarios de la JDL, a la prensa y varias alusiones al pueblo. Algunos con lágrimas, otros con la promesa de regresar a integrar el órgano deliberativo departamental, los representantes comenzaron la última sesión.

Como se hizo costumbre luego del 27 de setiembre, varios ediles del Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional estuvieron en las barras prestando atención a las sesiones para entrar en el clima político de lo que será su próxima labor en la legislatura 2020-2025.

José Pedro Varela

La solicitud de autorización para desafectar del dominio público áreas destinadas a calle y anuencia para la enajenación a la empresa Casarone Agroindustrial, ubicada en José Pedro Varela, es un tema que lleva meses en tratamiento en la JDL.

La comisión de Legislación y Turno aconsejó no aceptar la autorización de la Intendencia Departamental. El edil del Frente Amplio, Mauro Álvarez, integrante de la comisión señaló que «tomé como una advertencia, una amenaza que la empresa se iría de José Pedro Varela si no se soluciona lo que pide y acá está el punto: lo que pide la empresa es que haya seguridad en materia de seguridad vial y darle la garantía de que puedan operar. En ningún momento en la nota que leyó la secretaria se expresa que la empresa quiere comprar (las calles). Lo que está pidiendo es el tema de seguridad. Lo que estamos sugiriendo al cuerpo es que la IDL sea quien se encargue de brindar esa seguridad tanto a la empresa como al resto de la ciudadanía para que se pueda seguir operando adecuadamente».

El nacionalista Vicente Herrera manifestó que le llamó la atención «la dualidad de criterio que se explicitó en el informe por parte de los ediles provenientes del Ejecutivo (oficialismo), dado que el Ejecutivo mandó un mensaje en un sentido y en la comisión en otro sentido. Pienso que los propios ediles oficialistas tendrían que haber trabajado más el tema o haber buscado más información al respecto. Pienso que hay que contemplar el trabajo, que la empresa no se vaya pero también de acuerdo a una tasación justa de requerimiento de ese bien raíz».

El representante del FA Ernesto Cesar cuestionó el proceso del Ejecutivo del tema enviado a la JDL. «El proceso ha sido bastante desprolijo, no por parte de la iniciativa en sí tal cual está planteada porque la finalidad es muy clara, sino desprolijo por nombrar solamente un ejemplo en lo que es la etapa que este proceso se tiene que rematar que es con la iniciativa del intendente», indicó Cesar.

Otro aspecto que el frenteamplista objetó (y fue señalado por los ediles que lo sucedieron en la palabra) fue la falta de consulta explícita al Municipio de José Pedro Varela. «No veo acá la opinión del Municipio de José Pedro Varela, que me parece que es relevante saber qué opina el concejo municipal sobre este punto. Elaborar una iniciativa sin la opinión del Municipio de JPV nos parece que nos podría llevar a errores».

Luego de una hora de discusión los ediles aprobaron, con 25 votos en 27 curules presentes en sala, el informe de la comisión de Legislación y Turno de no aceptar la venta de las calles a la empresa.

Lengua de señas

En la última sesión del período los ediles realizaron un acto de inclusión con la resolución de una normativa para la aplicación de lengua de señas como forma de comunicación. Como la información de las comisiones investigadoras no se puede divulgar, Álvarez solicitó un cuarto intermedio para consensuar la confidencialidad que debe tener el intérprete que participe en estas reuniones.

Los ediles estuvieron de acuerdo en agregar en el artículo segundo «exigiendo la confidencialidad de reserva de la información que tenga conocimiento en ocasión de su función».

El representante frenteamplista Julián Mazzoni – uno de los ediles que no regresará en el próximo período – mencionó que «no puede ser que dependa del edil o la edil la posibilidad de traer o no traer un intérprete de la lengua de señas. Hay que incluir en el próximo presupuesto la posibilidad de que la JDL tenga intérprete de lengua de señas, si no estamos limitando la posibilidad de inclusión a la posibilidad económica que pueda tener el edil o la solidaridad de determinados intérpretes de lengua de señas».

La nacionalista Gabriela Umpiérrez –que será la primera presidenta de la próxima legislatura- destacó que la normativa «garantiza la comunicación y la inclusión que se va a necesitar para el próximo período». En el mismo sentido se expresó el edil del Partido Colorado Néstor Calvo, que resaltó que «lo que se ha hecho se hizo a conciencia, a sabiendas de que la inclusión es algo más que hoy vivimos en el país y que no podemos cortarle la posibilidad a nadie. No nos podemos olvidar que estamos actuando más rápido que el Parlamento Nacional, que demoró dos años en hacer una reglamentación y no permitiéndole en su momento a un diputado poder actuar como lo está haciendo esta JDL».

De decretos y directrices

El tema más áspero y urgente para tratar fue el último, que entró de carambola al orden del día enviado de urgencia remitido por el Ejecutivo Departamental: «proyecto de decreto a la JDL para su consideración y aprobación en carácter de urgente a efectos de subsanar las ilegalidades manifiestas del decreto número 3647/2020. Establécese la siguiente redacción: 1) deróguese el decreto 3467/2020 de la JDL del 21 de octubre de 2020 con efecto retroactivo en la fecha de su entrada en vigencia declarando vigente en todos sus términos los artículos 70 y 71 del decreto número 3571/2020 de la JDL».

El edil del FA Juan Martín Frachia –que también finalizó su etapa ayer en la JDL- señaló que «lo que me suena esto es a una especie de manotazo de ahogado porque tenemos dos informes de la intendenta con el mismo sentido» y aclaró que derogaron los artículos «que fueron incluidos en una directriz departamental donde la norma justamente trata de cosas departamentales. Ahí como bien se leyó nos están indicando hasta qué planta plantar en nuestros padrones, dice que se va a establecer en los planes, pero los planes nunca se han venido a consideración del cuerpo».

«Estos artículos, tanto el 70 como el 71 cuando fueron votados, por supuesto que pensábamos que seguidamente iba a venir el plan respectivo de cada ciudad, pero no es así. Con ese artículo el Ejecutivo se asegura que no existan planes», sostuvo Frachia.

Durante este punto los ediles contaron con la presencia del asesor jurídico de la JDL Dr. Julio Serrón. «Cuando se aprobaron las directrices departamentales en el decreto 3571 en su artículo 124 se derogaron todas las disposiciones departamentales existentes en ese momento que colindaran con las disposiciones contenidas en el decreto de las directrices departamentales. Aprobado este decreto, el de las directrices departamentales, se va a regular por este decreto y no existen normas anteriores. Al derogar los artículos 70 y 71 estamos en la disyuntiva y el vacío legal de que no hay norma a aplicar en esos temas. Hay un vacío legal que determina a los efectos administrativos un problema. Señalado esto la intendencia lo que hace es mandar un nuevo proyecto a los efectos de subsanar dicha situación», explicó el abogado.

Luego de una hora más de discusión los ediles votaron dos mociones. La solicitud de Álvarez de que el proyecto pase a la Comisión de Urbanismo y fraccionamiento y se trate en el próximo período no fue acompañada por sus pares y por lo tanto quedó sin efecto.

Mazzoni mocionó que se aprobara. Con la abstención de la edila del FA Marta Sotelo, 3 votos negativos y 21 afirmativos, finalmente se aprobó el decreto.