06.07.2023 La Justicia desestimó la demanda de árbitros contra la Liga Minuana

Por Karen Corbo

La Justicia desestimó la demanda iniciada en 2020 por árbitros contra la Liga Minuana de Fútbol. El conflicto comenzó «por algo a nivel nacional con el gremio de árbitros de OFI, que tiene una diferencia con el gremio de árbitros que había en ese momento en Lavalleja. Sé que acá en Minas trajo que una serie de árbitros, que son los que actualmente están dirigiendo fueran excluidos de ADAM (Asociación de Árbitros Minuanos), eso llevó a la Liga en su momento a tomar ciertas medidas de contar los dos grupos de jueces, los que pertenecían a ADAM y los que eran árbitros independientes, eso molestó a la directiva de ADAM de ese momento, ahí fue que inició el conflicto», comentó el Dr. Jorge Fernández, asesor de la Liga, que fue uno de los abogados que llevó adelante el caso en defensa de la institución del fútbol del departamento.

La cifra demandada por los árbitros rondaba los 16 millones de pesos. «Entendían que tenían una relación laboral con la Liga y por eso reclamaron. Esto se podría haber evitado, si hubiese habido en su momento un diálogo mayor, los jueces no hubieran llegado a instancias judiciales», apuntó el profesional del Derecho. Fernández sostuvo que las autoridades de la época de la Liga «un momento estuvieron predispuestas a conversar, pero los jueces cerraron la puerta y en febrero 2020 se presentaron ante el Ministerio de Trabajo, reclamando rubros salariales, despido, aguinaldo, licencia, desde que empezaron a trabajar. Algunos incluían el año 2000».

Este conflicto sucedió durante la presidencia de Pablo Fuentes, quien «fue demandado también sin fundamento ninguno. Creo que Pablo e Ismael Paradeda (secretario en la época de la Liga y actual presidente) hicieron todo lo que estaba al alcance para no llegar a este conflicto, no hubo me parece de la otra parte una voluntad de evitarlo», sostuvo el abogado.

La demanda

Fueron siete los árbitros que demandaron a la Liga. «Hice la defensa en el MTSS primero solo en febrero de 2020, la audiencia de conciliación y ellos presentaron la demanda en diciembre de 2020. Ahí armamos un equipo con Rafael Miguel y Carla Marotta para defender tanto a la Liga como a Pablo Fuentes, que en su momento era el presidente», relató Fernández.

«En su momento me llamaron autoridades de OFI para ponerse a las órdenes y estar al alpiste de lo que pasaba porque si salía una sentencia de condena para la Liga generaba un precedente a nivel nacional de que se pudieran venir más juicios. Había habido un antecedente reciente de la Liga de Sarandí del Yí con un árbitro que había reclamado, que había salido favorable a la Liga y fue un poco en lo que nos basamos nosotros», describió.

«Tuvimos sentencia de primera instancia el año pasado en el 2022, la que fue apelada por los árbitros y la semana pasada tuvimos sentencia de segunda instancia que desiste de la demanda y confirma lo que dijo el juez de primera instancia que no había relación laboral, no se debía nada, que los árbitros no son empleados directos de la Liga, que había una relación de trabajo a través de unos contratos de trabajo firmados por la Liga con ADAM, que se venían firmando desde hace más de diez años en ese sistema, que la Liga no era empleador directo, no se encargada de pagarle el sueldo, no le fijaba las pautas de trabajo. Todo eso concluyó el juez de primera instancia y fue ratificado por segunda instancia», destacó Fernández.

La Justicia entendió que no había una relación de dependencia. «Hay una relación comercial o de contrato civil, la Liga contrataba con una asociación que en ese momento era ADAM, se firmaba un contrato, ADAM decía cuáles eran los jueces que estaban disponibles, la Liga le pagaba a ADAM, que se hacía cargo de repartir entre los jueces que arbitraban los fines de semana, desconociendo la Liga si vertía todo ese dinero a los jueces o retenía algo, eso ya era ajeno al control de la Liga», aclaró el abogado.

«La Liga ganó este juicio, el fallo de segunda instancia –del 21 de junio de este año- dice que ‘confírmese la sentencia apelada’, que quiere decir que confirma lo que había resuelto el Juzgado de primera instancia de Lavalleja que había desestimado la demanda en todos sus términos por entender que no había relación laboral», concluyó Fernández.