01.11.2023 Ramón Ruiz: «En este departamento tenemos casi 6 mil personas que están trabajando informalmente»
Por Karen Corbo
El director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, estuvo en el departamento la semana pasada donde se reunió con ciudadanos que se acercaron a plantearle sus dudas o consultas. En diálogo con Diario La Unión, el director se refirió a los cambios ya vigentes implementados por la reforma de la seguridad social, la informalidad en el departamento, entre otras.
«Una de las líneas de trabajo que estamos priorizando es la información, dentro de la información es descentralizarla, que no esté solamente concentrada en la capital del país o a veces incluso en la capital de los departamentos, sino que se democratice la información. Eso es un poco lo que estamos planteando como una línea de trabajo prioritaria para el equipo. Cuando venimos a una localidad intentamos instalar una oficina donde el equipo de representación de los trabajadores hace un servicio a la comunidad, no estamos suplantando al BPS porque es el lugar natural donde las personas tienen que presentarse, iniciar el trámite, lograr que el BPS se pronuncie sobre esa solicitud. Lo que estamos haciendo es un lugar donde el equipo de representación de los trabajadores recibe consultas, inquietudes, personas que vienen con dudas y nosotros informamos. Con esa información después la persona da los pasos que tenga que dar, por ejemplo a veces hay personas que tienen dudas sobre cómo iniciar un trámite jubilatorio, orientamos, le explicamos qué es lo que tiene que llevar según el trámite que tenga que hacer, como una manera de colaborar con las personas. La seguridad social es muy amplia y las consultas son muy variadas», expresó.
Cuarentones
Dentro de las consultas que recibe Ruiz en su recorrida, se destaca las dudas «sobre las personas que están entre 40 y 49 años, los cuarentones que se afiliaron voluntariamente a una AFAP y que a partir de esta reforma jubilatoria les cambian las reglas de juego a estas personas y por lo tanto es muy importante que se informen sobre cuál va a ser el impacto de la reforma en su futura jubilación. Es así que nosotros estamos informando a lo largo y a lo ancho del país, pero en este lugar las personas pueden venir a asesorar en qué consisten estos cambios y cómo pueden hacer para tratar de tener la seguridad de que la reforma los perjudique lo menos posible, porque la idea es que estas personas hagan la reserva del derecho para ser asesorados por el BPS sobre cuál sería el impacto de esta reforma en su futura jubilación. El BPS cuando esté pronta la herramienta que está construyendo que es un simulador le va a presentar dos escenarios: un escenario con la afiliación voluntaria a la AFAP, o sea cómo se jubilaría una persona realizando su aporte la mitad al BPS y la mitad a la AFAP. El otro escenario es cómo sería su jubilación si aporta solamente al BPS. Con esa información la persona va a poder decidir lo que más le conviene».
«Entendemos que con estos cambios que hubo con la reforma de la ley 20.130 a la mayoría de las personas le va a servir deshacer la opción del artículo 8 y aportar solamente al BPS hasta un tope muy alto que es de $78.770. Si estas personas en algún momento ganan más de ese tope, por encima de ese tope empiezan a aportar a la AFAP», indicó.
«Cuando a la persona la afiliaban voluntariamente esa persona tenía que ganar menos de $78.770 porque si ganaba más estaba obligado. Entonces para afiliarse voluntariamente eran personas que ganaban menos de eso, si en algún momento uno se pasa de esa cifra el BPS lo afilia en forma obligatoria a una AFAP. Cuando a alguien que no estaba obligado lo afiliaban voluntariamente le decían que de acuerdo a lo que decía la ley de las AFAP, la 16.713 en el artículo 28, el BPS a los que se afiliaban voluntariamente le pagaba una bonificación, es decir, que una persona se afiliaba voluntariamente y no era que iba a cobrar más por la AFAP sino que iba a cobrar más porque la suma de lo que le paga la AFAP más lo de BPS bonificado, le mejoraba la jubilación. Esta bonificación es de un 50 por ciento más, el BPS calcula la jubilación por todo lo que aportó esa persona en el BPS y le paga una vez y media, una jubilación y media», explicó.
«La cuestión es que esta reforma jubilatoria elimina esa bonificación. Cuando se pagaba esa bonificación por parte del BPS era muy difícil que a la persona no le sirviera estar afiliado voluntariamente, ahora que se elimina esa bonificación, seguramente los que no la perciban les va a servir más realizar todo su aporte al BPS y dejar de realizar su aporte mitad AFAP mitad BPS. Con esa mejora, con ese incentivo que ahora no existe más le va a servir solamente aportar al BPS. El cambio que hay en las reglas de juego es que se elimina esa bonificación. Los que se perjudican son todos los menores de 50 años pero los cuarentones tienen la posibilidad de recibir un asesoramiento con los diferentes escenarios que se pueden presentar para que esas personas puedan optar y elegir lo que más le conviene», mencionó.
Si bien el simulador de BPS aún no está pronto, «el plazo para hacer la reserva del derecho vence ahora, el 30 de noviembre. No solamente se eliminó la bonificación sino que se elimina también el derecho que tenían los trabajadores a ser asesorados. A partir del 1 de diciembre ninguna persona va a poder solicitar el asesoramiento, pero hasta el 30 de noviembre los que tienen entre 40 y 49 años pueden solicitarlo. Cuando el BPS tenga pronto el simulador, cuando esté preparado para asesorar, va a convocar solamente a los que hicieron la reserva del derecho y que tienen plazo hasta el 30 de noviembre», reseñó.
Cambios vigentes
Ruiz se refirió además a los cambios que introdujo la reforma de la seguridad social y que ya se encuentran vigentes. «Uno es algo que comenzó a partir del 1 de julio, esto es para las personas que son mayores de 60 años y que todavía no se jubilaron. Estas personas tienen que solicitar agenda en el BPS y declarar todas las actividades que tuvieron, todos los trabajos que tuvieron antes del 1 de abril de 1996. Es muy común que cuando una persona mira su historia laboral anterior a 1996 esté en blanco, no haya nada registrado, ocurre porque BPS quizás todavía no actualizó la información, o sea no ingresó la información que tiene o porque esas personas trabajaron en la informalidad, nunca fueron registradas y nunca se aportó por ellas. Entonces la persona cuando mira la historia laboral y ve que no tiene nada, tiene que venir al BPS, los mayores de 60 años que no sean jubilados tienen un plazo de dos años, que ya empezó a correr a partir de julio y todavía no hay una campaña de información para que estas personas se enteren, vengan al BPS a declarar los años anterior a 1996», describió.
«El plazo se vence dentro de dos años, a partir de junio de 2025 ya no van a poder declarar esas actividades. Esas actividades pueden ser claves para que esa persona se jubile, si la persona no las declara quizás eso condiciona a que se pueda jubilar porque mucha gente después de 1996 tiene una historia laboral pobre, es decir, de 1996 para acá ni siquiera alcanza para tener 30 años porque recién en 2026 se van a cumplir 30 años de 1996 para acá. Una persona que se va a jubilar seguramente necesita algunas actividades anteriores a 1996 para completar los 30 años. Ahí tiene que primero pedir agenda, cuando el BPS lo recibe declarar todas las actividades, si BPS cuenta con esa información está todo bien, pero si no está, si el BPS no cuenta con esa información o no tiene esa información que declara la persona, le va a pedir a la persona que presente una prueba testimonial, es decir que va a tener que presentar testigos. Según la cantidad de años que la persona declare, es la cantidad de testigos que le van a pedir, eso lo determina el BPS. Por lo general para poder acreditar una actividad con testigos se necesitan por lo menos dos testigos que sean válidos por esa actividad. A veces es muy complejo cuando una persona tiene muchos años para declarar con testigos y de muchas empresas porque ahí se complica conseguir, ahí se complejiza un poco y no es fácil declarar esas actividades con testigos cuando ya pasaron casi 30 años», sostuvo.
«Hay mucha gente en esta situación. Nosotros entendemos que por ejemplo muchos trabajadores rurales, muchos trabajadores del servicio doméstico, muchos trabajadores de la construcción tienen actividades anterior a 1996 que no están registradas en la historia laboral. Repito, no quiere decir que BPS no cuente con esa información, puede ser que BPS tenga la información, que la empresa haya mandado esa información y que BPS todavía no la digitalizó, pero muchos de esos trabajadores trabajaron informalmente. Recordemos que en la década de 1990 había mucha flexibilidad laboral, no había muchos controles, no había negociación colectiva, se utilizaba mucho ese experimento que luego empezó a ser más común de la tercerización. Entonces eso seguramente generó una cantidad de situaciones donde el trabajador perdió la posibilidad de estar registrado a la seguridad social, había niveles de informalidad muchos más altos que ahora, aunque ahora son altos, antes eran muchos más altos todavía, por ejemplo hasta los primeros años de este siglo la informalidad era el doble de lo que es ahora, en el 2002, 2003 y 2004 la informalidad andaba cerca del 40 por ciento a nivel general. En algunos departamentos era peor, hoy tenemos indicadores de informalidad en la zona limítrofe con Brasil, en la frontera con Brasil, Rivera, Cerro Largo, Artigas, donde tenemos aproximadamente un 40 por ciento de informalidad», precisó.
Lavalleja
«En este departamento tenemos casi 6 mil personas que están trabajando informalmente, tenemos casi 2 mil que están sin trabajo. O sea que aproximadamente unas 8 mil personas en este departamento tienen problemas serios de empleo, porque no tienen trabajo o porque no están registrados a la seguridad social. Estas personas pueden ser trabajadores o pueden ser también pequeños emprendimientos, empresas unipersonales, trabajadores por la cuenta, no solamente pensemos en trabajadores dependientes, cuando hablamos de que hay un problema de oportunidades laborales no nos referimos solamente al trabajador sino también a pequeñas empresas», detalló el director.
«Entendemos que no es fácil para un departamento como Lavalleja tener estas dificultades de empleo, generan un problema. La seguridad social a pesar de eso en este departamento invierte 11 millones de dólares por mes en el pago de las prestaciones, jubilaciones, pensiones, seguros de paro, seguros de enfermedad, prestaciones por discapacidad, todos los meses a través de esas prestaciones el BPS invierte en este departamento 11 millones de dólares, que quedan en el mercado interno, porque un jubilado no se guarda la plata, una persona que está en seguro de paro no ahorra, prácticamente el 100 por ciento de los que gana lo vuelca al mercado interno y eso genera trabajo. Porque la seguridad social a través de esa inversión está también creando puestos de trabajo, imagínense lo que sería si no estuviera presente la seguridad social en Lavalleja», sostuvo Ruiz.
Compatibilidad
El representante de los trabajadores se refirió al envejecimiento activo, es decir, «la compatibilidad entre el cobro de una jubilación y el cobro de un salario por un trabajo remunerado, el cobro de un salario por trabajar que sea compatible con el cobro de una jubilación. Eso existía, se amplía para industria y comercio, porque por ejemplo antes si un soldado se jubilaba podía trabajar en una empresa de vigilancia o si un policía se jubilaba de la caja policial podía trabajar en industria y comercio o una enfermera de ASSE se jubilaba y podía trabajar en las mutualistas. Porque las personas que estaban en las otras cajas podían trabajar en industria y comercio, podían estar cobrando la jubilación de la caja civil o de otras cajas. Un bancario se jubilaba y podía tener una empresa en industria y comercio, pero alguien que se jubilaba en industria y comercio no podía trabajar en industria y comercio, ahora se amplía la compatibilidad para industria y comercio. Eso genera que una persona se jubila de una empresa privada y puede trabajar en otra empresa privada, también esa persona puede jubilarse de una empresa y trabajar en la misma empresa pero tiene que haber seis meses de inactividad para que esa persona vuelva a trabajar en la misma empresa por la cual se jubiló», explicó.
La normativa también establece incompatibilidades, como por ejemplo «una persona que se jubila por discapacidad no tiene compatibilidad. Esa persona se jubila de una empresa por discapacidad y no puede volver a trabajar en el ámbito privado, porque tiene una prestación por discapacidad. Una persona que se jubila por alguna actividad bonificada, por ejemplo un radiólogo que se puede retirar antes de la actividad, esa persona tampoco tiene compatibilidad, no puede trabajar en ninguna empresa, no es compatible su jubilación con el trabajo. Si alguien se jubila del sector privado y utiliza algún año del sector público, no puede luego tener una actividad en el sector público, porque como utilizó años del sector público no puede volver al sector público. Una enfermera que se jubila de la actividad privada, utiliza algunos años que trabajó en la actividad pública para completar los 30 años, esa enfermera después no puede ir a trabajar en ASSE. Esto es información que no se está dando y hay otras cosas que son más complejas de explicar, también para los empresarios hay compatibilidad, no solamente para los trabajadores. Un empresario se puede jubilar y seguir trabajando, o sea que la compatibilidad es para todos aquellos que trabajan, independientemente que su trabajo sea dependiente o no dependiente. Toda esta información no se le está brindando a la gente, la representación de los trabajadores que estuvo en contra de esta reforma está siendo prácticamente la única que está recorriendo el país informando sobre el recorrido de la ley que nosotros enfrentamos, ley con la que fuimos críticos», señaló.
Discapacidad
Ruiz mencionó que «de todas las altas jubilatorias que hay en el año, aproximadamente en este momento, no quiere decir que esto se mantenga en el tiempo porque va variando, pero cuando la comisión de expertos analizó este tema, el dato era que de todas las altas que se daban el 20 por ciento eran prestaciones por discapacidad. Es alto pero también tiene que ver con algunos aspectos que pasan en el mercado de trabajo, si en el mercado de trabajo no tengo buenas condiciones de trabajo, voy a tener altos niveles de prestaciones por discapacidad en la seguridad social».
«Si no tengo medidas de seguridad, si no tomo medidas que cuiden al trabajador, voy a tener seguramente problemas. Si tengo una persona que durante toda su vida cobró el salario mínimo nacional, que se alimentó mal, que quizás no tuvo la misma oportunidad que tuvieron otros de tener buenos servicios de salud, de tener una buena vivienda, abrigo, alimentación, seguramente esa persona ni siquiera va a llegar a los 60, quizás se jubila por discapacidad porque se enferma antes. Entonces la calidad del empleo condiciona también la calidad de las prestaciones que brinda el BPS, hay que cuidar a los trabajadores para evitar que haya tantas prestaciones por discapacidad y no hay que rebajar los derechos de las prestaciones por discapacidad para que los números den, sino que lo que hay que hacer es evitar que las personas se jubilen por discapacidad. Eso se logra si hay políticas de prevención para los accidentes laborales, a la salud en el trabajo», concluyó.
