23.11.2015 Funcionarios judiciales ocuparán centros toda la semana
Desde este lunes, la Asociacion de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) realizará ocupaciones sorpresivas en distintos centros de Justicia de Montevideo y el interior del país.
La medida fue decidida en asamblea el pasado jueves 19, en rechazo a la no previsión de nuevos recursos al Poder Judicial y a la norma que amplía los plazos de cobro de los juicios laborales contra el Estado.
Hoy permanecerán ocupados el Centro de Justicia Penal ubicado en la calle Juan Carlos Gómez así como los juzgados de Tacuarembó y Paso de los Toros. Además, habrá paro de 24 horas en los juzgados de Salto, Cerro Largo y Tacuarembó.
Según explicó a El Observador la dirigente Graciela Panizza, las ocupaciones continuarán cada día a lo largo de la semana. Solo afectarán las actividades de la Justicia Penal y de algunos juzgados de Paz.
Además, está prevista una marcha nacional para el jueves 3 de diciembre en Montevideo, de la que participarán diferentes gremios vinculados al Poder Judicial. De no recibir una respuesta por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo luego de la medida, el gremio analizará nuevas acciones en la siguiente asamblea.
El conflicto
El presupuesto quinquenal aprobado por la Cámara de Diputados, que está a estudio de la Cámara de Senadores, no destina fondos extra al Poder Judicial, lo que obliga a la Suprema Corte de Justicia a administrar los mismos recursos que el período pasado. Eso llevó a la Corte a formar un comité de crisis para diseñar una estrategia financiera de cara a los próximos años.
Por otra parte, una norma incluida en el Presupuesto amplía los plazos para cobrar los juicios laborales contra el Estado, cosa que los judiciales entienden que los perjudica especialmente dado que están en litigio con el Poder Ejecutivo en reclamo de aumentos salariales impagos durante el período anterior.
Si bien el gremio ha mantenido reuniones con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, la solución está en manos del presidente Tabaré Vázquez. Según Panizza, el jerarca aseguró que no mantendrá negociaciones con el sindicato mientras no se decrete la inconstitucionalidad de la ley 19.310 que fue aprobada en enero y continúa vigente. Para el gremio, la norma «violenta los principios constitucionales de igualdad jurídica y desconoce la separación de poderes».
