17.02.2020 Asociación de Escribanos apoya el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración

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La Asociación de Escribanos del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya emitieron un comunicado en apoyo a las modificaciones que plantea el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración sobre Inclusión Financiera.

El escribano Ismael Hernández, presidente de la Asociación de Escribanos de Lavalleja, explicó que estas asociaciones «se vieron en la necesidad de presentar una declaración dirigida a la ciudadanía que pretende apoyar los cambios propuestos en el proyecto de ley de urgente consideración a lo que es específicamente la ley de inclusión financiera, y especialmente aclarar a la población que los cambios propuestos nada tiene que ver con el control del lavado de activos, ya que se trata de institutos diferentes los cuales tienen cada uno su regulación».

«Lo que pretende la asociación y las instituciones mencionadas es respaldar las propuestas que presenta este anteproyecto de ley de urgente consideración sobre la no obligatoriedad de la inclusión financiera que ya está presente por la ley 19310 efectuando algunas aclaraciones. Que la ley de inclusión financiera no solamente es obligatoria para sueldos sino que aplica también para compraventa de inmuebles y vehículos automotores. Hoy en día cualquier negocio cuyo precio supere 4500 dólares aproximadamente queda obligado al uso de determinados medios de pago, lo cual perjudica a todos los ahorristas y burocratiza un poco a todos los sectores de la población que no están acostumbrados y las personas se ven obligadas a manejarse con los cajeros automáticos y sistemas a los que no están acostumbrados, perder horas de trámites en los bancos, lo cual ha limitado mucho la posibilidad de concretar negocios y eso acarrea infinidad de problemas, menos trabajo a los operadores jurídicos, a las inmobiliarias, a las automotoras», indicó.

Aclarar

El escribano sostuvo que están de acuerdo con lo propuesto en la normativa del gobierno electo. Sin embargo aclaró «las diferencias con lo que es la prevención de lavado de activos que son institutos diferentes y que no hace obligatoria la inclusión financiera no significa que se disminuya el control de la prevención de lavados de activos. Esa es la aclaración principal que se quiere hacer para que la población no esté confundida porque son institutos que tienen una normativa y una regulación propia. Si bien tienen algunos puntos de contacto entre sí. Inclusive el propio director del organismo que regula la prevención de lavados de activos en coincidencia con los reclamos que han hecho estas instituciones que firman este comunicado, asegura que el actual tope de 4500 dólares es muy bajo y sugieren aumentarlo a 150 mil dólares por lo menos».

Transparencia

Consultado por la transparencia que promueve la normativa vigente en las transacciones el profesional subrayó que «estas entidades que suscriben el comunicado no promueven la realización de negocios en efectivo pero tampoco las criminaliza. Queremos apoyar la libertad de cómo cada uno quiere manejar el dinero que legítimamente ha generado y con ello la libre elección del medio de pago a emplear».

«Nos parece que el precio de 40 mil unidades indexadas que es el mínimo, que es algo así como 4500 dólares es muy bajo y limita las negociaciones y eso ha llevado a que la gente por evitar la necesidad de tener que ir obligatoriamente a un banco cuando en realidad el dinero legítimamente es generado y que lo tienen ahorrado en efectivo a la vieja usanza», sostuvo.

«Queremos que pueda haber un tope y me parece muy razonable operaciones superiores a 150 mil dólares que se hagan sí o sí de manera obligatoria por medios de pago admitidos por la ley de inclusión, operaciones que sean en precios menores a esa suma pueda libremente las partes elegir el medio de pago, que muchas veces también van a terminar eligiendo los medios de pago admitidos como puede ser una transferencia bancaria, una letra de cambio, ya se usaba desde antes de la obligatoriedad de la ley porque le da seguridad jurídica y uno evita andar con ese dinero, con esa suma de dinero en la calle. Entonces da seguridad jurídica y también a la población. Entonces los medios se van a seguir aplicando. El tema es para aquellas operaciones que son de precios menores no tengamos la obligatoriedad sino libertad en la forma de elegir la forma que queremos pagar, en ese sentido que estas instituciones apoyan los cambios que se proponen en la ley de urgente consideración», concluyó el profesional.

A continuación el comunicado de las asociaciones. 

Las entidades abajo firmantes se ven en la necesidad de dirigirse a la opinión pública para precisar su respaldo a la propuesta contemplada en el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) sobre la no obligatoriedad de la inclusión financiera, Ley 19.210 (LIF), y efectuar las siguientes aclaraciones:

  1. La LIF no solamente es obligatoria para sueldos sino, entre otros negocios, para compraventa de inmuebles y muebles, sobre todo automotores, por precios superiores aproximadamente a USD 4.500 por lo cual ha limitado la posibilidad de concretar negocios, acarreando con ello, reducción del mercado, menor trabajo para los operadores jurídicos, Inmobiliarias, Industria de la Construcción, Automotoras, entre otros (actualmente siquiera parte muy pequeña del precio se puede pagar en efectivo).
  2. Puede dar lugar a confusión de la ciudadanía, cuando se explica que la eliminación de la bancarización obligatoria acarreará opacidad en los negocios y falta de control en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT), cuando, aun teniendo puntos de contacto, cada instituto tiene su propio objetivo (ratio legis), normativa y regulación, y el anteproyecto de LUC presentado nada propone respecto al último.
  3. Vemos con satisfacción que ahora el director de Senaclaft, en coincidencia con el reclamo tantas veces realizado por las instituciones firmantes de este comunicado, asegura que el actual tope (de poco más de U$S 4.000) «es bajo», sugiriendo aumentarlo a U$S 150.000 (El Observador, 31 de enero de 2020, pág. 5).
  4. La obligatoriedad de uso de determinados medios de pago perjudica a todos los ahorristas y burocratiza a sectores de la población que no operaban con bancos (personas que se ven obligadas a manejarse con claves y cajeros para utilizar su propio dinero o perder horas en trámites bancarios –aún más difícil para quienes trabajan en el interior o en zonas suburbanas de Montevideo–, volviéndose dependientes del funcionamiento de cajeros o sistema informáticos de los bancos).

Cabe agregar que importes de dinero legítimamente generados pero no bancarizados quedan absolutamente fuera de la posibilidad de utilizarse, por cuanto cualquier pago en efectivo, salvo el que sea realizar por montos mínimos, está prohibido: afecta el intercambio de bienes y servicios y, por ende, afecta la Economía del país.

Como ha manifestado en estos días el Senador electo Jorge Gandini, la LIF no ha sido señalada siquiera por la propia DGI como generadora de mayor recaudación fiscal. Tampoco ha ayudado en el control de LAFT, por cuanto son públicas las situaciones que se han seguido sucediendo bajo la vigencia de la LIF.

También se argumenta que, derogando la LIF, Uruguay incumple compromisos internacionales o se vuelve atractivo para bandas de delincuentes, pero lo cierto es que nuestro país tiene adoptado un sistema de obligatoriedad de medios de pago mucho más restrictivo, burocrático y rígido que en el Derecho comparado, ya que no es igual al de otros países de la región con los que competimos por las inversiones (en los que la normativa se aproxima a la propuesta del anteproyecto de LUC) y el control de la legitimidad de los dineros lo realizamos independientemente del medio de pago, como Sujetos Obligados y responsables de los mismos.

En resumen, las entidades abajo firmantes no promueven la realización de negocios en efectivo (ni los criminalizan) sino el respeto de la libertad de cómo manejar el dinero legítimamente generado y, con ello, la libre elección del medio de pago a emplear. De hecho, desde hace décadas, la amplísima mayoría de los negocios por montos importantes se realiza con normalidad a través de letras de cambio bancarias o cheques certificados. Es por ello que se respalda la modificación contenida en la LUC, por su contribución a la flexibilización y la racionalidad, haciendo posible el ejercicio con responsabilidad de la libertad en la elección de los medios de pago.

Asociación de Escribanos del Uruguay

Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay Cámara Inmobiliaria Uruguaya

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