09.11.2023 Junta Departamental aprobó proyecto de decreto de adecuación de la normativa departamental al ordenamiento territorial vigente
Felipe de los Santos
Por Karen Corbo
En la última sesión extraordinaria, la Junta Departamental de Lavalleja aprobó por unanimidad, de forma general, el proyecto de adecuación de la normativa departamental al ordenamiento territorial vigente. A la hora de pasar al articulado, los ediles no aprobaron el artículo 10 de la normativa. Luego de la sesión, Diario La Unión conversó con el edil del Frente Amplio Felipe De los Santos.
«El proyecto tenía varias partes, algunas tenían que ver con la actualización de la normativa vigente y otras tenían que ver con aspectos más nuevos. Algunos de los que se actualizaban tenían que ver con el digesto de Arquitectura de la IDL, la normativa sobre acera que era de 1913 y en el caso de lo otro, que refería el ordenamiento territorial eran algunos ítems, algunos artículos de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que fueron aprobadas en el año 2019», mencionó el curul.
«Estas modificaciones que proponía la IDL en el caso de las directrices derivan de la puesta en práctica de esta norma y de observar algunas dificultades o algunos problemas que habían tenido la aplicación de la norma. Lo que también hubo que estudiar ahí era de acuerdo a lo que establece la ley de Ordenamiento Territorial, ley 18.308, si esos cambios eran o no sustanciales. Eso implicaba que si eran sustanciales había que hacer un proceso distinto al que se hizo, que es a través de una revisión de las directrices, que se pueden revisar a los cinco años de su aprobación, o sea que no podría haberse hecho de esa forma. Entendimos que las cuestiones que se estaban modificando no eran sustanciales, por lo tanto se podía hacer correcciones por la vía legislativa común», reseñó.
Principales cambios
En cuanto a los aspectos que introdujo el proyecto estaban «algunas reglas respecto a los fraccionamientos, que el gran cambio es la habilitación a poder realizar fraccionamientos o modificaciones de padrones que tuvieran deuda con la IDL o que constaran de edificaciones que no estuviesen regularizadas. Eso es un cambio bien importante que de alguna forma permite a las personas, a aquellos padrones que tienen deudas pero tienen convenio vigente con la IDL, tienen un plan de pagos y están cumpliendo con los pagos, se les da la posibilidad de fraccionar. A su vez esos lotes que resultan del fraccionamiento o de la modificación de los padrones, cada uno en forma proporcional también se le adjudica una deuda, es decir, se reparte la deuda del padrón original con los padrones resultantes», explicó De los Santos.
«Creemos que eso también es una facilidad porque la persona que tiene una deuda puede cumplir con el plan de pagos y si desea fraccionar para emprender otras cuestiones con esos padrones, lo puede hacer. Lo mismo sucede con los padrones con edificaciones que no estaban regularizadas. La normativa de catastro, en los gráficos, ya exige que se grafiquen las edificaciones existentes en el terreno, en cualquier terreno que se vaya a fraccionar o que se vaya a hacer una actualización en catastro. Allí se dibuja la silueta de esa edificación. Lo que se planteó en este caso es admitir esta posibilidad y a su vez que la IDL una vez que se comience ese proceso, luego del fraccionamiento intime posteriormente a los propietarios a regularizar la situación. Creemos que eso es un avance importante y permite a las personas realizar acciones sobre esos padrones y regularizar su situación, ya sea porque tienen deudas o edificaciones no declaradas», indicó.
Tasas
Otro cambio se relaciona con las tasas. «Eso también fue una diferencia grande entre la edila nacionalista (Adriana) Peña y su sector, que si bien son el oficialismo votaron en contra, el FA y las listas 58 y 59, que en este caso estuvimos de acuerdo. Tenía que ver con las tasas y la nueva organización de las tasas. Por parte de lo que se argumentaba en contra de eso era que se venía un aumento de algunas tasas pero nosotros entendemos que esos aumentos tienen que ver con diferenciar los tipos de obras que hay en el departamento. Hoy en día lo que sucede es que los criterios de los permisos de construcción y demás son para todos iguales, para cualquier obra es igual y sabemos que no es lo mismo una obra de una vivienda unifamiliar, que una vivienda de un polo logístico industrial, que un shopping. Lo que se hace por un lado es establecer categorías para la edificación que hay una parte de esas categorías que pertenecen a vivienda, otra que pertenece a industria, hospedaje y las actividades económicas de industria y servicio, lo otro es la categoría que se llama residual que tiene que ver con demoliciones, canchas, infraestructura que son de carácter deportivo. Se diferencia de qué manera se tributa en cada una de ellas. Esto no es un impuesto, sino que son tasas que también son parte de la responsabilidad y que adjudica a las Intendencias Departamentales la Constitución de la República, fijar y modificar las tasas», detalló el edil.
«Lo otro que tenía que ver con sanitaria era que estaba la tasa de los permisos de sanitaria, que como sabemos las intendencias departamentales tienen que además corroborar lo que hace a la edificación, tienen que corroborar las instalaciones sanitarias. En este caso se estableció un criterio más claro para ver cómo se cobraba. Hace más o menos unos 20 años, es lo que estaba en la exposición de motivos de este proyecto, el cálculo de la sanitaria se hace sobre un estimado de los materiales que se utilizan para la instalación sanitaria. Esto es lo mismo, es para todos el mismo criterio, no importa que sea una vivienda con un solo baño a que sea una batería de baños de un centro comercial o de un hotel. Entonces lo que se hace acá es que se establecen también criterios de cómo se cobra cada una de las partes de las instalaciones sanitarias. Se establecen criterios distintos porque obviamente estamos hablando de situaciones distintas. Si lo miramos desde un criterio técnico y de lo que sucede en el país, porque más allá de que se pueda discutir si se aumentan o no las tasas, hay que ver qué es lo que sucede en el país y cómo Lavalleja está posicionado en el contralor de la Constitución. En el caso de muchas intendencias esto ya rige desde hace tiempo y es de alguna manera equiparar a la Intendencia de Lavalleja en términos de fiscalización y de policía de la edificación en el mismo escalón que las demás», sostuvo el curul del FA.
«Otro aspecto que nos parece significativo tiene que ver con las visitas. Lo que se busca en las visitas es corroborar que la situación que se presenta en los permisos de construcción sea la misma que lo que se está haciendo. Se establece que dos visitas van a ser gratuitas y que si es necesario hacer otras van a tener costos, en el sentido de que los recursos de la IDL, los recursos humanos y materiales que implican visitar obras, que sean utilizados de forma adecuada. Es para de alguna manera que ese servicio funcione mejor», agregó el edil.
«Creemos que es una actualización necesaria, que podría tener cambios, nosotros propusimos algunos otros criterios en cuanto a lo de las viviendas, porque solamente el criterio que se utilizaba era en cuanto a la materialidad. Nosotros solicitamos algunas otras cosas pero lo interesante y lo importante es tener estos criterios delimitados que obviamente con el tiempo y la puesta en funcionamiento se podrá ver si son correctos o se podrán modificar en el futuro. Lo importante es actualizarlo y tenerlo al día», consideró De los Santos.
Artículo 10
El único artículo que no se aprobó fue el 10 ya que obtuvo 15 votos afirmativos y 10 negativos, pero se necesitaban 16 voluntades para su aprobación. «Refería a las regularizaciones y cuánto se cobraba en ese caso por las regularizaciones. Ahí la diferencia radicaba en que si habían existido procesos administrativos anteriores, por ejemplo el caso de una vivienda que en su momento pidieron un permiso de construcción e hicieron todo el proceso adecuado, después hicieron un agregado y en un determinado momento necesitan regularizar ese agregado. Existe un antecedente administrativo, hubo una intención en el primer momento que era hacer las cosas como correspondía. En ese caso la multa por no hacerlo de forma como sería lo adecuado es menor a que si uno hizo todo una cantidad de cosas y allí se infringen muchas más normas, por ejemplo de ocupación de suelo, altura y después se va a regularizar», ejemplificó.
«Lo que buscaba esto era desestimular que se hagan las cosas de la forma inadecuada. Lo adecuado sería pedir un permiso de construcción, construir y después hacer el final de obra y demás. Lo otro que sucede muchas veces, y es como la cultura imperante, es que primero se hacen las obras y después se regulariza, cuestión que es bastante complejo porque después ingresan expedientes que a veces incumplen con la normativa vigente, eso implica que se tenga que hacer tolerancia, que la gente demore mucho más después en poder regularizar, porque los profesionales arquitectos y arquitectas tienen que tratar que las cosas estén bien y que cumplan con la normativa. Cuando no cumplen con la normativa se inicia una cantidad de procesos, que muchas veces terminan en situaciones que los propietarios para poder regularizar tienen que hacer cambios significativos en los inmuebles. De alguna forma buscaba estimular el proceso adecuado, que sería pedir el permiso y poder seguir con lo otro. Una parte de la JDL entendió que eso no era adecuado, por lo menos las tasas que se ponían y salió negativo. En definitiva creo que lo demás actualiza un poco y también da transparencia a la forma de tributar que está teniendo la IDL en cuanto a las obras», afirmó.
Amnistía
De los Santos destacó la aprobación del artículo 13 que aludía a una amnistía «para la regularización de inmuebles y de situaciones de construcción. En el proyecto original esa amnistía era hasta el 31 de diciembre de este año porque cuando se presentó este proyecto de decreto fue primero en febrero, volvió a la IDL porque eran necesarias algunas correcciones y volvió en mayo o junio. Estuvo en discusión en la comisión de Vialidad, Urbanismo y Fraccionamiento, se elaboró un informe por parte de tres ediles. La comisión de Presupuesto estudió lo que era concerniente al presupuesto que eran los artículos del 1 al 13. Hoy en día cuando lo fuimos a votar, si pensábamos en el 31 de diciembre de este año era muy poco tiempo para poder regularizar. La amnistía implica poder regularizar sin que apliquen las multas y sanciones correspondientes por no hacer las cosas en el momento», consignó.
«Desde nuestra bancada lo habíamos propuesto y hubo acuerdo con la edila Ana Laura Nis de poder posponer esa fecha y se acordó que fuera al 31 de diciembre del año 2024. Es decir que durante el año que viene, a partir de la promulgación de este decreto, que respecto a los artículos 1 al 13 tiene que haber una opinión del Tribunal de Cuentas, que luego dice si hay que hacer observaciones o no. Una vez que entre en vigencia en ese caso las personas van a poder regularizar sin las multas ni los recargos, ni las sanciones hasta el 31 de diciembre del año que viene. Es muy importante porque es la posibilidad de ponerse al día», indicó.
«Si bien la bancada del FA votó unas cuantas cosas, votamos en realidad el proyecto en general y en particular también porque hubo voluntad de cambiar algunas cosas y de agregar algunos otros aspectos que técnicamente nos parecían muy importante y ponen a Lavalleja de alguna manera en un plano de igualdad con lo que sucede en otros departamentos», reflexionó el edil.
De los Santos destacó que «acá hay muchos criterios que son técnicos, que fueron los que se utilizaron para tomar estas decisiones y que no es en el ánimo de contraponer lo técnico con lo político, porque pienso que las dos van de la mano. Pero a veces desde lo político no hay demasiada apertura para entender cuáles son las razones de los cambios que se hacen y por qué es necesario actualizar la normativa».
