Junta Departamental de Lavalleja aprobó la prórroga del contrato con Arroyal SA por el uso y explotación de la planta de faena

Por Karen Corbo

Por Karen Corbo

Por alrededor de tres horas los ediles departamentales debatieron el cuarto punto en el orden del día: «la solicitud de prórroga del contrato con Arroyal S.A. de concesión de uso y explotación comercial e industrial del total de la planta de faena».

Informes

Sobre las 20:15 horas ingresó a sala el intendente Herman Vergara, mientras que la diputada del Partido Nacional, Adriana Peña arribó a las 20:31 horas. Los curules integrantes de la comisión de Legislación y Turno presentaron dos informes en minoría, uno firmado por los nacionalistas Hugo Olascoaga y Oscar Villalba, y otro realizado por el frenteamplista Mauro Álvarez y el colorado Luis Carresse.

El primer informe, firmado por los ediles del PN, aconsejó al Cuerpo «dar la anuencia requerida por la Intendencia Departamental en resolución número 396/2025, autorizando a prorrogar el plazo de la concesión de uso y explotación comercial e industrial del total de la planta de faena, frigorífico matadero municipal de la ciudad de Minas, a la empresa Arroyal Sociedad Anónima por el término de 15 años, al término de los cuales se valorará el cumplimiento del plan de inversión y de ser favorable se extenderá por 15 años más».

Mientras que el informe realizado por Carresse y Álvarez recomendó «no hacer lugar a lo solicitado por el ejecutivo departamental» y lo fundamentó basándose en que «con fecha 12 de marzo 2018, la empresa Arroyal Sociedad Anónima solicitó la ampliación del contrato que mantenía con la IDL desde el 26 de marzo de 2008, según resolución número 1113/2008. Cabe destacar que dicha ampliación fue cuestionada desde el inicio, ya que el procedimiento -esto se hizo en el año 2008- no cumplió con lo establecido en el artículo 35 numeral 10 de la ley número 9515, ley orgánica de los gobiernos departamentales. A pesar de esto, la ampliación fue aprobada contrariando lo indicado en su momento por el asesor legal de esta Junta. Observación que luego fue reafirmada por el Tribunal de Cuentas de la República, el cual objetó el procedimiento por carecer de sustento legal. Finalmente, el contrato fue consolidado mediante el decreto número 3510 de fecha 20 de setiembre de 2018, amparada en el artículo 74 del TOCAF, resultando en una ampliación equivalente al 100% del contrato original, es decir, una extensión del mismo hasta el año 2029, tomando como referencia la fecha de firma del nuevo contrato 17 de mayo de 2019. Con fecha 27 de enero de 2025, la empresa Arroyal Sociedad Anónima inicia un nuevo trámite ante la Intendencia solicitando una ampliación de la concesión, proponiendo dos escenarios distintos, una extensión por 10 años y otra por 30 años. Condicionadas a diferentes compromisos asumidos por la empresa. En el expediente obra un informe de la sección Tesorería que comunica la Dirección de Hacienda que a partir de la resolución número 3838/024, el canon Arroyal S.A. asciende a pesos 448 270 mensuales.

Asimismo, el informe jurídico número 229/2025 sostiene que existen razones fundadas para modificar el plazo del contrato, requiriéndose para ello, también se está basado en esto, la intendencia emite la resolución número 397/025 de fecha 30 de enero 2025 con iniciativa favorable, solicitando esta Junta la prórroga de plazo de la concesión para el uso y la explotación comercial industrial de la planta de faena.

Sin embargo, al analizar el contenido de dicha solicitud se constata una incongruencia conceptual, mientras la empresa solicita una ampliación, el ejecutivo remite una prórroga. Tal como señala el informe jurídico número 182 del asesor letrado de esta Junta. Ambos conceptos son jurídicamente diferentes. En la prórroga se modifica plazo contractual en ampliación del objeto del contrato.

En consecuencia, el asesor jurídico concluye que existe una disociación conceptual entre lo peticionado por la empresa y lo establecido en la resolución del ejecutivo, incurriéndose en una contradicción entre dos figuras jurídicas distintas. Con fecha 1º de abril de 2025, esta comisión solicita al presidente de la Junta se devuelva el expediente al ejecutivo a fin de que se aclare si lo solicitado refiere a una ampliación o a una prórroga.

Asimismo, se pide que esta devolución sea comunicada al plenario en la sesión del 2 de abril. El 8 de abril de 2025 se recibe una respuesta remitida directamente por el secretario general a esta comisión sin la debida firma del intendente en ejercicio escribano Herman Vergara. Esta situación resulta improcedente ya que se omite el procedimiento formal y legal que corresponde.

Más aún, lo enviado consiste en una nota firmada por la propia empresa Arroyal S.A., aclarando que lo solicitado es una prórroga de contrato. Sin embargo, no existe en el expediente una nueva resolución firmada por el señor intendente que confirme dicha aclaración. Es decir, quien aclara la naturaleza del pedido no es el jerarca departamental, sino la empresa privada, lo cual constituye un vicio grave de procedimiento.

Como integrante de esta Junta Departamental informamos que no encontramos razones jurídicas ni políticas que justifiquen que en el presente periodo legislativo se discuta ni vote una solicitud de prórroga de un contrato que está vigente hasta el año 2021.

Más aún cuando estamos en junio de 2025 y a semanas del cambio de gobierno departamental. No se explica por qué se pretende votar una prórroga que comenzaría a aplicarse recién en el año 2028.

Esto carece de sustento jurídico, político y de toda lógica de buena administración. El informe número 192 del asesor jurídico de esta Junta es categórico. Existe imposibilidad de prorrogar un contrato que ya fue ampliado en un 100%, tal como ocurrió mediante el decreto número 3500 10 del 20 de setiembre de 2018. En otras palabras, no se puede prorrogar una prórroga y menos aún por el un plazo de 30 años que triplica el tiempo original del contrato.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de la normativa vigente, esta comisión actuando en minoría aconseja no acceder a lo solicitado por la IDL debido a la falta de garantías legales en los fundamentos presentados. Las despropiedades técnicas y jurídicas del expediente y la inapropiada anticipación temporal con que se pretende resolver un tema que corresponde a las autoridades departamentales del próximo período.

No se trata de oponerse el desarrollo en el crecimiento de la industria nacional o departamental ni empresas de nuestro medio que con esfuerzo, perseverancia y un marcado nivel viene desempeñándose y generando más fuentes de trabajo, sino de garantizar que toda actuación del estado se realice en tiempo y forma, respetando los procedimientos y la institucionalidad. Por ello, entendemos que este asunto deberá ser analizado en el próximo gobierno departamental, tanto en el ámbito ejecutivo como del legislativo».

Debate

Con titulares, funcionarios y familiares de la empresa inició el debate de los ediles. La curul del Frente Amplio, Patricia Pelúa solicitó la lectura del informe del asesor jurídico.

Gastón Elola realizó una reseña de la situación actual de la industria cárnica y de la empresa. Comentó que «hablé con mucha gente, y solicitaban y pedían, hagan un acuerdo político entre todos, y todos los sacan juntos, porque tienen una empresa que da gusto para el departamento. Hoy sabemos que esa empresa tiene una opción, una inversión, tiene un crédito para seguir mejorando y desarrollándose. Si nos ponemos en el peor de los escenarios, vamos a imaginarnos que esto viene algo raro, pero si hoy o mañana se llama y se quiere solucionar ese tema verdaderamente jurídico, ¿cuántos se irán a presentar? ¿Esa empresa podrá seguir trabajando mientras se hace la licitación, o parará? ¿Esos funcionarios que están ahí, pasarán trabajando, pasarán a hacer un reparo? ¿La empresa nueva vendrá, los tomará o no? ¿Quedará ese ejecutivo, esa empresa, esos dueños, o no? No sabemos».

Oscar Villalba pidió que se leyera una nota enviada por el Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, en la que recomendaba «la ampliación de la concesión a la empresa Arroyal S.A., en los términos planteados por la misma, confiando en que esta decisión contribuirá al desarrollo sostenible del departamento de Lavalleja».

María Noel Pereira explicó que su firma no se encontraba en el informe firmado por los ediles del Partido Nacional «por un tema de horario».

Luego se dirigió al Cuerpo como coordinadora de la bancada del PN, «que ha estado siempre a favor de las fuentes de trabajo, de poder generar y garantizar trabajo para el departamento. Lo que tenemos a las espaldas nuestras, es la barra llena nuevamente de trabajadores, y pienso qué diferencia que hay con lo que venimos acostumbrados, a que nosotros estamos acostumbrados en esta Junta Departamental a que esté la barra llena de trabajadores pidiendo, por favor, que la Junta Departamental haga algo para que no pierdan el trabajo, para que las fuentes de trabajo se mantengan y que las empresas no se cierren. En esta oportunidad estamos asistiendo al escenario contrario, estamos asistiendo al escenario donde los trabajadores están acompañando a la empresa a pedirnos que autoricemos al intendente a ampliarles, a darles más plazo, porque tienen más plata para invertir, tienen más fuentes de trabajo para brindar al departamento. Entonces me parece que si nos concentramos únicamente en lo material o en la sustancia, no llegamos a lo que es realmente el fondo del asunto, que es un tema nada más y nada menos que social. Acá estamos hablando de que se nos está pidiendo, tenemos plata, queremos invertir y queremos darle trabajo a más gente en Lavalleja», señaló.

«En este momento son 120 empleados más los puestos de trabajo indirectos que se generan. Se nos está hablando que si se les extiende el plazo, pasarían a ser cerca de 200 los que están trabajando. Me parece que es un escenario absolutamente inverso al que, lamentablemente, hemos tenido que vivir en esta Junta, donde la gente estaba nerviosa con toda razón porque las empresas cerraban y nos pedían ‘hagan algo, ayúdennos a que no se cierren las empresas’. En este caso es al revés, están los trabajadores con la empresa pidiéndonos, dejen que el intendente nos dé más plazo para poder trabajar, para que más gente trabaje y para que puedan invertir, porque acá se está hablando de que tienen plata para invertir. Se habla de que en Lavalleja no hay trabajo, que es cierto, falta trabajo. Se habla de que no hay estabilidad laboral, lo cual también es cierto, no en esta empresa y nos está diciendo, queremos invertir. Necesitamos certeza jurídica. El dinero está ahora. La certeza jurídica la necesitan porque fueron muy claros cuando se reunieron con nosotros y nos dijeron, empezamos a irnos. Porque tienen ese dinero y lo van a invertir acá, en el frigorífico Minas, si nosotros autorizamos a que el intendente Vergara, sentado ahí adelante, también dándole la cara esta noche junto a nosotros y de frente a la empresa y a sus trabajadores, les extienda, les permita tener la certeza jurídica de que más tiempo van a poder permanecer o les vamos a dar la espalda. No sé con qué cara podemos llegar a dar la espalda basándonos en argumentos que esto lo va a observar el Tribunal de Cuentas, clarísimo. La solución, el camino que se tome va a ser observado, como ha venido observado hasta el momento, pero nadie está cometiendo ningún delito. Nadie está cometiendo ningún delito en este proceso de lo que se pretende hacer. Lo que el intendente nos pide es  ‘denme permiso para asegurar que esta gente quede más tiempo, que inviertan y que traigan más trabajo a Lavalleja'», expresó e invitó a acompañar el mencionado informe.

La norma y la gente

Hugo Olascoaga sostuvo que luego de leer el informe firmado por Álvarez y Carresse, «lo primero que me llamó la atención es que en todo, aparte de toda la cronología, todo lo que se justificaba, había una palabra que nunca aparecía. Había una que aparecía permanentemente: norma. ¿Sabe qué no aparecía, señor presidente? La gente. No se hablaba de la gente para nada. La gente no importaba. Era la norma. La norma por arriba de la gente. Y ninguna norma está por arriba de la gente. Menos si una norma puede producir daño a la gente. No lo digo yo, lo dice el doctor Carlos Delpiazzo. Y lo dice de esta forma, no es un pensamiento mío, cuando advierte que la legalidad no puede ser un escudo para decisiones que pueden ser perjudiciales. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que todo lo que se actuó anteriormente por los Ejecutivos, más allá que tengan detalles de procedimiento y tiempo, está justificado porque se pensó en la gente, no en la norma. Se protegió a la gente».

Gabriela Umpiérrez señaló que debía primar la «coherencia en el actuar político». «La situación de fondo, todos sabemos que hubo un tema de legalidad. No la desconocemos ahora, no la desconoció la Junta, el cuerpo legislativo anterior, incluso hay ediles de esta Junta Departamental que la integraba. Eso en primer lugar. La situación de fondo no va a cambiar, acá se hablaba de la irradiación de la observación. El efecto que tiene la observación del Tribunal de Cuentas. Eso tampoco va a cambiar porque aun cuando en este caso hubiera la ampliación precedida a la ampliación, la observación primera tiene sus efectos en todo el proceder que le continúa. Aun cuando hoy por hoy estuviéramos haciendo las cosas correctamente, como lo dice el asesor, hubiéramos todavía arrastrado esa observación. Eso también me hace recordar qué pasó en el año 2018» cuando «existió un acuerdo político a sabiendas de esas circunstancias. La altura de los ediles con respecto a este tema fue reconocida por todos. También un acuerdo político que en este recinto ediles, que no son de mi partido y que estaban presentes en esa sesión, dijeron, por ejemplo, que ‘votaban afirmativo con la convicción de que si esta Junta en algo se había equivocado, el Tribunal de Cuentas nos va  hacer observar y ahí veremos qué hacer, porque esto va a ser ad referéndum del Tribunal de Cuentas y nosotros vamos a actuar en consecuencia. Pero tenemos que ser congruentes con lo que pensamos sobre el mismo tema».

«Bibliotecas jurídicas siempre hay dos, opiniones tenemos todos. Lo que me parece que también debe primar, aparte de otras consideraciones que se han expuesto, es la congruencia de nuestro hacer político, en lo que decimos, en lo que hacemos».

A continuación Patricia Pelúa solicitó un cuarto intermedio de 10 minutos. Al regreso la curul recordó que el tema fue tratado en 2018 «bien saben compañeros de esta Junta Departamental que estaban en ese periodo también, y también lo sabe la empresa, que lo defendí a uñas y dientes. Pero también aclaramos que esto es un plazo, una chanza que nos está dando el TOCAF, de extenderlo por el mismo periodo una vez más. Así lo aclaramos, así lo dijimos y lo defendimos hasta cuando vino el informe del TCR, porque estábamos amparados. Acá nadie está hablando de dejar sin trabajo a nadie. Nadie está hablando de que Arroyal S.A. se vaya de la concesión del Matadero. Estamos hablando de que quedan cinco años aún de esa concesión, que tanto trabajo le llevó a este legislativo departamental, sí con acuerdo político, que en esta legislatura no se buscó. En la legislatura pasada sí se buscó. Se buscó durante meses y meses conversando del tema. En esta legislatura no se buscó el acuerdo político. Entonces, no hablemos ahora de buscar, de tratar de encontrar un acuerdo político, cuando desde que está en la comisión ha tenido idas y vueltas, pero en esta Junta Departamental se ha conversado con algunos integrantes, pero el acuerdo político y la solución no está plasmado acá. No está plasmado acá porque hay dos informes. En ese momento había un solo informe, con ediles que sí estaban en contra y con ediles que por más que tuvieran sus dudas decidieron dar esa prórroga. En este momento no se buscó el acuerdo político, señor presidente. Entonces, no hablemos ahora para la tribuna lo que no hicimos acá adentro, porque esta Junta Departamental, esta misma, ha sabido sacar muchas cosas por acuerdos políticos, muchísimas, buscándolos, pero no se buscaron esta vez. Es más, estamos a quince días del cambio de gobierno. Este informe se presenta a esta Junta Departamental este lunes. Se presenta a la comisión de Legislación tratar el tema este lunes, cuando teníamos 48 horas las bancadas para discutirlo. ¿De qué acuerdo político estamos hablando? Entonces, acá hay algo que es muy claro, Hay dos informes y una resolución de la Intendencia Departamental, firmada por el doctor Mario García, donde dice, el expediente (Nº 4.554/2007) y con la autorización de ampliación otorgada por el decreto número 3.510/018, por el término de 30 años», citó la edila.

«Hay que ser claros, señor presidente y dejar de hacer lobby y tribuna, que nosotros acá lo único que se puede votar afirmativo es lo que viene de la Intendencia Departamental, que son los 30 años. Los 15 años que se proponen no se pueden votar, porque no vienen de una resolución de la Intendencia, y sabemos bien que esta Junta Departamental no lo puede modificar, porque aparte de eso, si lo modificáramos, como sí lo hicimos en la modificación presupuestal de la Intendencia, vino observado por el TCR, tuvo que volver el Ejecutivo, el Ejecutivo volverlo a mandar a la Junta para que fuera cambiado, o sea, el Ejecutivo cambió por lo que quería la Junta», puntualizó.

«Porque no estamos hablando de que esto viene mal de atrás, estamos hablando de que hasta en el plazo la Intendencia Departamental nos pide una cosa y esta Junta propone votar otra, completamente distinta, que son 15 años. Entonces, vamos a hablar las cosas como son, señor Presidente. Acá todos queremos que Arroyal se quede con la concesión del matadero, pero también entendemos que habemos ediles, que no vamos a estar en la próxima legislatura y hablo en nombre propio. Entonces, no puedo tomar decisión que sí va a abarcar al próximo gobierno departamental en menos de 15 días. Acá hay algo que cuando venga el dictamen del TCR, esta Junta ya no va a ser esta misma. Entonces, ¿cuál es el apuro? Si esto se puede tratar en 2026. Nadie dice que se va a dejar hasta último momento. Entendemos que la empresa quiere hacer una ampliación muy grande y claro que la compartimos, porque vaya si conocemos el trabajo que hace la empresa y cómo trabaja la empresa, de eso no nos cabe ninguna duda, pero los procedimientos hay que seguirlos, aunque seamos políticos porque después el perjuicio se lo traemos a la empresa», añadió.

Más adelante Mauro Álvarez mencionó que realizaron el informe «pensando en que es necesario ser prolijos» e indicó que «no existe una resolución por parte del intendente actual que en razón de tiempo, y por eso hicimos una línea de tiempo de cómo se dieron las cosas, que tenía que responderle a la Junta Departamental a través suyo, señor Presidente, y que después se vaya a la Comisión, qué era lo que quería hacer el ex intendente Mario García, que en definitiva habla de extensión y por otro lado propone una prórroga».

El curul señaló «otro grave problema: cuando la Comisión le preguntó al Ejecutivo qué es lo que quería hacer el Ejecutivo, el que responde es el Secretario General, y lo manda directamente a la Comisión. Increíble, institucionalmente una desprolijidad, señor presidente y eso es lo que cuestionamos acá. Quiero que me digan los ediles dónde en el informe que firmó el Frente Amplio dice algo de que estemos en contra de la fuente de trabajo. Dónde en este informe se dice algo en contra de la empresa Arroyal S.A. Dónde en este informe nosotros estaríamos proponiendo algo que sea en contra de los intereses generales de la población del departamento de Lavalleja. Que me digan dónde está y yo me rectifico. Porque no dice en ningún lado eso, son inventos».

«Lo que estamos diciendo es que para dar la certeza jurídica y dar un respaldo jurídico a la empresa, esto tiene que tomarse a partir del periodo legislativo en el cual se va a vencer el plazo de la concesión, porque tenemos una concesión que es hasta el año 2029. ¿Por qué se quiere votar en el año 2025? Nadie me ha sabido contestar por qué se quiere votar y no dentro de seis meses. ¿La empresa se va a ir dentro de seis meses si nosotros no votamos esto hoy? ¿Cuál es el miedo? El próximo intendente departamental se reunió con la empresa, yo estuve presente. Lo que se está buscando, señor presidente, es darle una certeza jurídica porque esto no le está dando una certeza jurídica. Esto le está dando una certeza política circunstancial para salir del paso en los tiempos que corren», cuestionó Álvarez.

La sesión continuó con más intervenciones. El edil del PC, Emilio Cáceres, señaló que el tema de fondo era el empleo. «Hoy tenemos una empresa de lavallejinos, es decir, queremos salir a abrazar personas que vengan de otro lado para traerlos acá y los tenemos acá pidiéndonos, por favor quedarse y nosotros nos ponemos a complicar con una letra fría. Creo que la decisión es sencilla. Si viene alguna empresa de otro lugar generemos las condiciones para que vengan y abracémoslos. Y mucho más si son lavallejinos que emprenden acá, que confían en nuestra gente y que les está yendo muy bien», sostuvo.

Observancia

Luis Carresse intervino citando el artículo 40 de la ley Nº 9.515 Ley Orgánica Municipal, en el que se establece que «ningún edil ni el Intendente podrán estar presentes en la discusión y votación de asuntos en que ellos o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, estuvieran interesados».

El presidente Joaquín Hernández le indicó que estaba «haciendo una observancia al reglamento, quiero pedirle, si hay una observancia al reglamento, que lo diga». El curul respondió que «lo estoy recordando, me parece que corresponde y cada uno de los ediles entenderá si la norma le cae o no».

«Está bien, pero si hace una observancia, yo le pido que lo manifieste, porque adivino no somos», puntualizó nuevamente Hernández.

Luego del intercambio, Carresse sostuvo que «hemos mantenido coherencia. Ya en el 2024 sabíamos que iba a llegar a la Junta Departamental el tratamiento de este tema y lo dijimos en la comisión de Legislación y Turno (…) En el 2018 los ediles que votamos y que defendimos a esta empresa, y que defendemos hasta el día de hoy esta empresa, dijimos a 10 años. Entonces esta legislatura era una legislatura bypass, que no le rozaba, no le tocaba, ni al gobierno, ni al legislativo, ni al ejecutivo. Y dijimos bien claro, este es un tema que tiene que tratar el próximo periodo de gobierno. Resulta que cambió de signo político, un tema que la verdad en ese momento yo no lo veía venir, y la coherencia se mantiene. No es un tema que ataña a este legislativo, porque para eso se votó y los legisladores de la época, y vaya si en el 2018 defendí esta posibilidad, y vaya si en el 2018 trabajamos para que se generara ese acuerdo político, que fue la solución para que esta empresa hoy esté trabajando como está trabajando y con el augurio de que trabaje mucho mejor. Porque acá hay que ser bien claro, hay que dejar la demagogia de lado. Acá absolutamente nadie está en contra de la empresa, nadie está en contra de la fuente laboral».

Intendente

El debate continuó hasta que se solicitó un nuevo cuarto intermedio. Al regreso, el intendente Herman Vergara destacó que «es un tema delicado, porque quiero señalarles, porque también soy productor rural y vengo de un pueblo chico y conozco un poco el tema, es que si ustedes miran el censo agropecuario, acá en Lavalleja, no recuerdo bien la cifra, pero pasa del 70 y pico por ciento de los predios son menores a 200 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que esos productores no pueden mandar a un frigorífico grande, porque no van a engordar 60 vacas, ni 40. Y este emprendimiento que ustedes están tratando, le facilitó muchísimo al pequeño productor porque es el nuestro en este departamento».

«En ese sentido ha funcionado con total corrección, pagando sus tributos, pagando los laudos correspondientes», mencionó. «Tenemos que enfrentar las fuentes de trabajo porque estamos en una situación complicada en el departamento. Es mi opinión, por supuesto, admito que deben haber otras. Ahora, me interrogaron por qué lo presentamos ahora. Pero creo que aquellos que tienen algún conocimiento de empresas o eso, por ejemplo, yo tengo 80 años, supongamos que me pasa algo en la vida y necesito una vivienda y concurro al Banco Hipotecario. Me dicen, ‘no, mira, no te podemos dar porque vos no tenés expectativa de vida suficiente para poder terminar de pagar el préstamo’. Si yo tengo un contrato de arrendamiento por tres años, por ejemplo, voy a comprar unas vacas, no tengo plata, entonces le pido al Banco República,no, pero para un poquito de los préstamos son más tiempo, así que ahí no te lo podemos prestar. Si voy a hacer una forestación, por ejemplo, si yo no tengo certeza de que por lo menos lo voy a tener 10 años, no me van a prestar la plata porque el banco necesita esa certeza. Ahora, en el caso de esta empresa que encabeza David Denis, si nosotros resolviéramos que esto lo vamos a resolver seis meses antes de que vence el plazo, no sé si en el año 28. Primero estamos cercenándonos de la posibilidad de una inversión ahora que es generadora de fuentes de trabajo. Él, hasta donde yo sé, creo que compró algún terreno por ahí, que me corrijan si estoy equivocado, pero con la idea de ampliar. Ahora, para concurrir a la red bancaria, tengo que tener determinadas condiciones, justamente tener la seguridad que voy a gastar 10, 15 años porque si no, no te prestan la plata. Y yo, como ciudadano, ya me estoy yendo, no voy a estar más en la política, mi nombre no estuvo en ninguna lista de nuestro partido, no hice política en la campaña electoral, estoy retirado. Pero quiero como ciudadano, que Lavalleja tenga trabajo, que es lo que exigen los ciudadanos. Entonces me parece que esas son un poco las razones por las que se presenta ahora. Si se deja para después, generamos una incertidumbre y no puede pasar, no nos puede pasar eso. Yo se lo digo por alguien que ya no está en la política, ya no estoy en campaña electoral ni soy contrario de nadie, me voy transformando en un mero ciudadano que me dedicaré a la familia de tanto tiempo que le he restado en estas cosas. Pero me parece que tendríamos que hacer un esfuerzo en comprender ese aspecto».

Una vez finalizada la oratoria del jefe comunal, los ediles procedieron a aprobar por 22 votos afirmativos y 7 negativos (correspondientes a la bancada del FA y Carresse) el informe en minoría realizado por Olascoaga y Villalba.