10.11.2021 Ciudadanos del departamento solicitaron a la JDL que derogue el decreto sobre fiscalización de la Comuna en cumplimiento de protocolos por la pandemia

Por Karen Corbo

Un grupo de ciudadanos, conformado por la Dra. Laura Rodríguez, Adriana Pereira, Gustavo Lema y Jaquelin Ferrerira, concurrió a la Comisión de Recepción de la Junta Departamental de Lavalleja para presentarles su postura a los ediles sobre el decreto 3555/2020.

Los lavallejinos fueron recibidos por los integrantes de la comisión Adriana Peña y Luis Martínez del Partido Nacional, Miguel Del Puerto de Cabildo Abierto, Julio Fungi del Partido Colorado y Ernesto Cesar del Frente Amplio. Además estuvieron en la reunión los curules Mauro Álvarez (FA), Alicia Malo (PN), Miguel Sanz (FA) y Vicente Herrera (PN).

En la misiva enviada al Legislativo Departamental los ciudadanos manifestaron que «el decreto N°3655 del 16 de diciembre de 2020 de la JDL es manifiestamente ilegítimo en cuanto restringe y limita –bajo apercibimiento de sanciones- derechos fundamentales y libertades individuales (como por ejemplo el derecho al trabajo limitado bajo ‘aforos’, el principio de igualdad, la no discriminación), basándose en el decreto N° 93/2020 del 13 de marzo de 2020 dictado por el Poder Ejecutivo y no en una ley nacional (única norma jurídica que habilitaría a tales limitaciones y que no existe).

El Ministerio de Salud Pública ha manifestado expresamente, con claridad meridiana, en el documento 12/001/1/3875/2021 de fecha 14 de setiembre de 2021, emitido por la Asesoría Legal de la Dirección General de Salud que ‘el MSP no aprueba protocolos, sino que realiza recomendaciones sanitarias en base a la evaluación de riesgo de cada actividad’. Agrega además, ‘que el MSP no tiene competencia para intervenir en las relaciones entre particulares’. ¿Y la JDL cómo se irroga dicha competencia sin basarse en una ley nacional? En Lavalleja y por el decreto en cuestión emanado de la Junta, se obliga, se sanciona y hasta se multa si no se acatan las restricciones e imposiciones de los ‘protocolos’ y las ‘recomendaciones’, urge corregir esa ilegitimidad y dejar sin efecto el contenido de dicho decreto 3655/2020, ateniéndose al principio de legalidad previsto en el artículo 10 de la Constitución».

Ilegítimo

La Dra. Rodríguez habló en nombre del grupo y calificó de «ilegítimo» al decreto señalado en la carta enviada a la JDL. «Solamente una ley puede restringir el trabajo de los ciudadanos. No hay ley nacional que lo haga, sin embargo en Lavalleja por ese decreto se está limitando la capacidad de comercios, negocios, los hacen trabajar con un aforo, le han puesto el término ‘aforo’ pero en realidad es una restricción que se le está haciendo al trabajo y actividades. Además aplican como obligatorio otro término romántico que es el pase verde. El pase verde es discriminación pura y dura, está violando el artículo 8 (de la Constitución de la República) que es el principio de igualdad, la ley 17.817 contra la discriminación y acá se impone como obligatorio bajo apercibimiento a los particulares de que si no cumplen con ese pedido de pase verde, discriminando sus semejantes, los multan o los clausuran. ¿Cómo es posible que en Lavalleja esté pasando esto?», cuestionó la abogada.

El decreto «raya en algo que realmente amerita acciones legales de responsabilidad contra todos los ediles que son parte del Legislativo Departamental. Porque se tenía que haber cuidado y preservado los derechos fundamentales y las libertades individuales de los lavallejinos», afirmó.

«Les recuerdo que la inoculación no es obligatoria por ley, sin embargo en Lavalleja se pide un pase verde para acceder a eventos, lugares y hasta para trabajar. Es absolutamente ilegítimo lo que está ocurriendo. Indirectamente se está obligando, sobre todo a la gente joven hasta para ir a bailar, que se inoculen. Hay una falta de responsabilidad absoluta. Nosotros pedimos, somos un grupo afectado no solamente por restricciones al trabajo sino también limitados y aquejados por jóvenes que necesitan integrarse con sus semejantes y que obviamente necesitan inocularse para poder acceder a las actividades, que nos sentimos perjudicados y venimos a levantar la voz para que nos escuchen», sostuvo Rodríguez.

La ciudadana remarcó a los ediles presentes que «si estuvieran incorporados (los protocolos) en una ley nacional, la JDL hubiera hecho las cosas correctas, pero no es así. Por algo el Parlamento no se ha expedido, no ha incorporado ningún protocolo como ley y acá se está coaccionando la conducta de los lavallejinos en base a este decreto de la JDL. El MSP no aprueba protocolos sino que realiza recomendaciones, las recomendaciones en Lavalleja son obligatorias. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Alcanzaba y sobraba con que el intendente (Mario García) cumpliendo la ordenanza de higiene y de salud pudiera desarrollar el control de policía sanitaria que tiene, pero lo que se está haciendo acá es regulando sobre protocolo que a nivel nacional no son obligatorios pero en Lavalleja sí. Está excediendo sus competencias y la JDL lo está respaldando».

La postura de los ediles

La edila Adriana Peña, presidenta de la Comisión, explicó a la abogada que a partir de la declaración de emergencia sanitaria el Gobierno Departamental estaba habilitado a realizar este tipo de decretos.

Por su parte el representante del FA, Ernesto Cesar, indicó que el partido no aprobó el mencionado decreto y recordó que la iniciativa fue enviada por el Ejecutivo Departamental. «La JDL como parte del Gobierno Departamental cumple un rol fundamental. Es decir, cuando hablamos de decretos en realidad estamos hablando de decretos leyes porque tienen fuerza de ley en su jurisdicción y eso lo dice la Constitución de la República. Acá empieza la discusión de las autonomía de los gobiernos departamentales que hay una profusa discusión hasta dónde van las autonomías de los gobiernos departamentales y posturas que le dan una mayor y otras una menor autonomía a los gobiernos departamentales», detalló.

El edil de CA, Miguel Del Puerto, señaló a los presentes que ese no era el ámbito para que se generara un debate sobre el decreto sino que la Comisión de Recepción cumple la función de escuchar y trasladar las solicitudes de quienes reciben. Sus palabras fueron respaldadas por el legislador del FA Mauro Álvarez.