15.06.2022 Fancap y Sunca se manifestaron en defensa de las empresas públicas y la industria cementera estatal

Por Karen Corbo

La tarde casi invernal de Minas tuvo dos manifestaciones. Además de la intervención urbana de Ademu, los gremios de trabajadores de la industria cementera realizaron movilizaciones y manifestaciones en el interior. Ayer fue el turno de Treinta y Tres y Lavalleja, donde en Minas la rama Extractiva de Sunca y Federación Ancap se concentraron en la plaza Libertad.

Con banderas alegóricas a la consigna de la manifestación, dirigentes locales y nacionales de ambos sindicatos participaron de la concentración. El representante de Extractiva del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, Richard Ferreira reseñó que la manifestación se debió a «a una decisión del gobierno que es iniciar un proceso de privatización de las plantas de Ancap y la calera en Treinta y Tres, una asociación en la cual pretenden que el privado que llegue quede en condiciones mayoritaria en esa asociación y lo que todavía no queda claro es qué va a pasar con las fuentes de trabajo. En este sentido lo que primero estamos denunciando es que este proceso de asociación va en la dirección de la privatización del portland estatal y que en definitiva este proceso no contempla las fuentes de trabajo».

El dirigente sindical mencionó que lo que «estamos planteando son ámbitos de negociación en los cuales sea cuál sea el futuro del portland de Ancap no haya pérdidas de fuentes de trabajo. Hemos iniciado un proceso de movilizaciones donde arrancamos la semana pasada en Bella Unión, estuvimos en Paysandú, hace un rato hicimos una concentración y movilización en Treinta y Tres y ahora hoy en Lavalleja».

«El 21 de junio vamos a estar movilizándonos hacia el departamento de Montevideo con un paro general nacional de toda la rama extractiva y conjunto con los trabajadores de la Fancap, con los trabajadores del gas por cañería, los trabajadores de Alur que son parte de la coordinadora de sindicatos de Ancap». La movilización será «frente a Casa de Gobierno, por un lado rechazando este proceso de asociación y también planteando alternativas que tengan que ver con salvar la industria nacional del portland y la cal, y a la vez generar una condición de mayor inversión pública para el conjunto de la industria de la construcción».

Manifestaciones en el interior

Ferreira definió la respuesta a las manifestaciones en el interior como «realmente importantes. Nos llamó la atención el nivel de participación y adhesión del conjunto de los trabajadores, lo que fue el 6 en Bella Unión, haciendo una asamblea y una actividad frente a la planta de Alur, después con un paro con movilización en Paysandú y una marcha. Ahora venimos de Treinta y Tres donde realmente fue una movilización muy importante. Lo que queda claro que esta decisión genera un enorme incertidumbre para el conjunto de los trabajadores y obviamente para el movimiento sindical es una señal muy negativa en la dirección de minimizar el papel del Estado y a partir de ahí generar una condición de privatización de las empresas públicas».

Sin ámbito de negociación

El representante sindical comentó que desde el año pasado mantuvieron reuniones con el presidente Luis Lacalle Pou, «que se comprometió una vez que estuvieran tomadas las decisiones a convocarnos, eso nunca sucedió. En estas últimas semanas hemos hablado con el Ministro de Industria (Omar Paganini) y el Ministro de Trabajo (Pablo Mieres), y la semana pasada estuvimos reunidos con la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores. Hasta ahora no tenemos ninguna convocatoria a ningún ámbito de negociación y por lo tanto estas movilizaciones tienen que ver con eso, por un lado informarle a la sociedad, a la opinión pública por qué los trabajadores que estamos nucleados en la coordinadora de sindicatos de Ancap, por qué el Sunca se está movilizando y en segundo término tiene que ver con la defensa de las empresas públicas y la defensa de las fuentes de trabajo».

«Mucho más que un tema laboral de fuentes de trabajo, sino también es un tema social porque cuánto va a afectar que haya menos trabajadores trabajando donde no puedan volcar su salario en los comercios y esto sin duda va a tener una afectación, no solamente en los trabajadores directamente sino también en la economía departamental y las economías locales», agregó.

«También estuvimos conversando hace pocas semanas acá con el intendente de Lavalleja (Mario García), le planteamos nuestra preocupación y el compromiso fue de ayudar a hacer gestiones con autoridades del gobierno con la intención que esta decisión impactara lo menos posible en los puestos de trabajo. Hasta ahora no tenemos ninguna novedad», indicó.

Resistencia

El presidente de Fancap Lavalleja, Germán Pastorino afirmó que «seguimos en este plan de resistencia que no nos queda otra y es lo que nos corresponde a los trabajadores y en esta situación que está planteada una asociación de forma integral de la industria cementera de Minas y Paysandú como plantas de portland, Manga como planta de distribución y la planta de cal de Treinta y Tres. Nosotros estamos defendiendo, intentando resistir, pensando que todavía esto es posible que no salga porque vemos esta asociación como una mera privatización donde plantean entregar más o menos el ochenta por ciento a un privado y donde hay catorce interesados».

«A nosotros nos han querido hacer creer que esto es un negocio deficitario y nosotros defendemos que no lo es, no en vano hay catorce interesados en asociarse, acaba de abrir una planta de cemento en Treinta y Tres. Lo que sin duda hay que hacer es gestionar bien y hay que invertir. Este es un problema que venimos arrastrando hace tiempo, si bien los gobiernos progresistas hicieron inversiones que las destacamos y siempre las defendimos, las inversiones no se culminaron. En este gobierno se viene acentuando esa brecha entre los intereses de los trabajadores o los defensores de las empresas públicas y entendemos claramente que estamos entregando un patrimonio riquísimo que tenemos de piedra caliza, tenemos piedra para elaborar cemento por aproximadamente cien años y nos parece el colmo que lo entreguemos a un capital privado y no lo podamos desarrollar con toda la necesidad de infraestructura y vivienda que tiene el país», cuestionó.

Con respecto a la pérdida de fuentes laborales de funcionarios tercerizados, «en Minas concretamente todavía no han sido cesados. Tanto en Minas como en Paysandú -que las características son muy similares en las dos plantas, trabajan alrededor de 650 compañeros-, entre compañeros que son ancapeanos –presupuestados- y tercerizados que pertenecen al Sunca. Esta situación nos toca tanto a Fancap como a Sunca y lo que vivimos los trabajadores es una incertidumbre tremenda».

Los trabajadores tercerizados constituyen «el contrato más débil que tienen con el ente, no tienen ninguna certeza de nada y son compañeros que están hace diez, veinte, treinta años con nosotros. Sabemos la dificultad para conseguir trabajo en Minas, no tienen ninguna certeza, seguramente en caso de los que somos presupuestados la situación es distinta pero también es muy angustiante porque puede generar un desarraigo tremendo en la ciudad», sostuvo y añadió «el golpe durísimo que implicaría para el comercio minuano, que es otra cosa que tenemos que defender».