DIRECTORES DE LA COMUNA ANUNCIAN SU RENUNCIA AL AUMENTO SALARIAL

Este miércoles 31 de enero en salón de actos de la Intendencia de Lavalleja, se realizó una ronda de prensa con la presencia de directores de la comuna, donde estuvo; Jorge Ferreira Director de Jurídica, el director de tránsito Carlos Draper, Adriana Baladán directora de Familia y Mujer, Mauricio Baubeta director de Deporte y Juventud, Daniel Fernández de Turismo, José Belloni director de Cultura, Pablo Maceira de Higiene y Nelson Hernández.

Baubeta dio la bienvenida y dijo que el equipo del Ejecutivo Comunal quiere presentar un comunicado de carácter público.

Seguidamente Ferreira, dio lectura a una carta abierta, dirigida a la Sra. Intendente Departamental de Lavalleja Dra. Adriana Peña Hernández

LECTURA DE LA CARTA

“De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Ud. luego de haber esperado con prudencia el desarrollo de los últimos acontecimientos. Con las siguientes líneas tenemos la intención de expresar nuestra posición respecto al tema de los nuevos sueldos proyectados en la reciente Modificación Presupuestal.

Para los abajo firmantes, es de sumo interés expresar y dar a conocer públicamente cual ha sido nuestro sentir y vivencia de las acusaciones recibidas. Todo ello ha motivado la presente carta abierta que refleja nuestra decisión personal exclusivamente relacionado con las remuneraciones correspondientes de los cargos en el Escalafón de Particular Confianza.

Desde un punto de vista del análisis político, entendiendo a la POLITICA como el arte de concebir la mejor forma de realizar el bien común, creemos que el debate en la opinión pública debió entablarse desde un plano estrictamente objetivo. El debate se debería haber encausado en discutir sobre cuál sería la mejor forma de organizar a la Administración según las necesidades y cometidos de la Intendencia, estableciéndose los Escalafones y sus justas remuneraciones, independientemente de que personas ocuparan circunstancialmente los cargos. Cabe aclarar que se denomina Escalafón o grupo ocupacional, a la ordenación de cargos, de acuerdo a la especialidad, el grado de complejidad de las tareas y las responsabilidades atribuidas al titular.

Sin embargo, por el hecho de haber tenido la distinción de ser llamados al desempeño de la función pública y por otro lado, hacerlo desde el Escalafón de particular confianza, hemos sido acusados por algunas personas de pretender obtener un beneficio ilegítimo y hasta contrario a la Ética Pública, al extremo de llegar a usar expresiones como las de CORRUPCIÓN.

Al haberse encausado un enjuiciamiento en dichos términos, tememos que la opinión pública se vea confundida respecto a la existencia de presuntos intereses espurios, y en consecuencia, nos vemos con la obligación de defender no sólo nuestra honestidad como servidores públicos, sino también como ciudadanos de bien que nos relacionamos cotidianamente con los vecinos de nuestro Departamento.

Sin hacer generalizaciones improcedentes, debemos manifestar que hemos angustiosamente tolerado hasta el momento, el rigor de los enjuiciamientos y escarnios públicos respecto a nuestra honestidad que han sobrepasado ampliamente el límite del fuero público y lo personal.

Ante los cuestionamientos a nuestra honestidad pública, sólo cabe decir que en el ejercicio de nuestra función, siempre hemos procurado cumplir con nuestros deberes funcionales desprovistos de todo interés personal. Por el contrario, muchas veces hemos sacrificado nuestro interés personal con la finalidad de entregar todas nuestras energías al interés de la función pública. No nos quejamos de ello, porque tenemos bien claro que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, dicho en otras palabras, somos nosotros los que debemos adecuarnos a la función y no la función a nuestras necesidades. Respetamos y toleramos las diferentes opiniones respecto al buen o mal cumplimento de nuestros deberes funcionales, y ello es de principio democrático, porque es connatural en un sistema pluralista, la coexistencia de opiniones diversas. Pero de ningún modo podemos aceptar que para criticar una gestión administrativa o de gobierno, se acuda al desprecio, a la descalificación o al escarnio público del ser humano que ejerce de buena fe dicha función.

En este último sentido, cuando se pone en tela de juicio la moralidad de las personas para llevar adelante reyertas políticas, como mínimo debemos salir a defender nuestra integridad ética con firmes acciones.

Respecto de las acusaciones que se nos adjudican, de que nos movemos con el solo afán de recibir beneficios particulares mediante la obtención de ajustes salariales, insinuando hasta una presunta insensibilidad con los demás conciudadanos, vemos con dolor que en general, no se logró comprender que en un Estado de Derecho, lo político nunca puede ir separado de lo jurídico. Todo ello es motivo suficiente para redoblar nuestros esfuerzos, así como mantener firme nuestro compromiso con la ciudadanía del Departamento pero renunciando a los tan debatidos nuevos salarios proyectados en la Modificación Presupuestal 2018-2020.

Como ciudadanos de un Estado de Derecho, hemos comprendido a cabalidad el accionar del Ejecutivo Comunal, justificado desde la defensa de las normas jurídicas y especialmente de la Constitución. Nuestra Carta Fundamental es la norma más democrática, y todo gobernante debería siempre someterse a sus disposiciones, pues todas sus normas son la expresión directa del soberano, todas han sido aprobadas directamente por el pueblo y a ella deben someterse los gobernantes. En este sentido, reafirmamos nuestro convencimiento que el Derecho es el mejor instrumento para la convivencia humana, que la normal finalidad del Derecho es la justicia; pero ante ciertos litigios, la justicia puede ser sustituida por la Paz Social en razón de que la misma permite seguir avanzando enfocando todas nuestras energías en la gestión y administración departamental.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos a su libre obrar, con la finalidad de dirimir la cuestión jurídica planteada en el pago de los Salarios Bases de los Escalafones “Q”, y expresamos nuestra firme voluntad de mantener nuestro compromiso de seguir cumpliendo la función pública encomendada en servicio de la comunidad. Asimismo renunciamos a las cuestionadas asignaciones salariales que por Derecho nos podrían corresponder; y solicitamos a Ud. si lo considera pertinente, percibir como justa remuneración a nuestro trabajo, el sueldo vigente anterior a la Modificación Presupuestal actualizado”.

“ESTAMOS EN LIBERTAD DE ACCIÓN”

Posteriormente, los medios de prensa hicieron algunas preguntas, donde la primera de ella, fue que si había sido planteado a la Intendente el contenido del comunicado y si fue así qué les expresó?

Por lo que Ferreira, indicó que “Sí por supuesto que antes de hacerlo público se lo planteamos a la intendente y ella nos dejó en libertad de acción, entendimos que lo pertinente era hacerlo a través de una conferencia de prensa para que llegara a la población, porque es un acto que compete a la gestión pública y dándole transparencia al mismo, queríamos darle difusión dado algunos enjuiciamientos que hemos sufrido”.

DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO

También se les hizo referencia a que los aumentos no fueron aprobados por la Junta Departamental, o sea no se puede renunciar a un aumento que no se les otorgó, por qué dicen que renuncian en lugar de aceptar lo que la Junta dictaminó?, destacando el Abogado que “es muy pertinente la pregunta, desde el punto de vista jurídico nosotros entendemos y reafirmamos que la posición mantenida por el ejecutivo en la defensa de la Constitución, nosotros manifestamos cuando se levantó el veto o la observación al decreto interpretativo que el mismo revestía carácter inconstitucional. Nosotros desde el punto de vista de nuestro interés legítimo, personal y directo podríamos tener una posición de la interpretación al respecto que ejerciendo nuestro derecho de acción podríamos impugnar el decreto de inconstitucional, entendemos que por derecho nos corresponde el aumento, pero sin perjuicio de eso estamos a la espera del dictamen del Tribunal de Cuentas, quien se va a expedir respecto a la legitimidad o legalidad de dicho decreto, que puede ir en razón de los argumentos que nosotros expresamos o no, de momento tenemos esa posición. Como toda ley cuando sale del Parlamento, quienes se ven afectados por la misma y cree que es inconstitucional puede recurrir a las vías correspondientes, es un derecho y como derecho tal renunciamos a eso, decidimos en razón de esta intención de manifestarlo y expresarlo a la opinión pública que nos hemos visto acusados de tener una finalidad de interés económico, y ante ese cuestionamiento tomamos la decisión de renunciar a ello y dirimir y sobre todo buscar la paz social, más allá de la Justicia como lo expresamos en la carta, el derecho refleja la Justicia, pero a veces ante ciertos litigios y enfrentamientos debemos optar por la paz social, seguir trabajando y dirimir el tema acá sin perjuicio de las opiniones sobre el tema, las que son todas respetables”.

CADA QUIEN PODRÁ ACTUAR COMO DESEA

Más adelante se consultó de que si el Tribunal de Cuentas le da la razón a la intendente, ellos no acudirían a la Suprema Corte de Justicia?, contestó que “eso queda en libertad de acción de cada uno. La acción de inconstitucionalidad es personal, es ante un interés legítimo, personal y directo, lo que puede pasar es que si hay una persona que se le está pagando de menos del salario que le corresponde, estaría generando un crédito y puede ir a la Justicia y reclamar su pago”.

“ES UN GESTO DE PACIFICACIÓN”

Por ultimo Belloni, agregó que “este grupo de trabajo lo que está haciendo con esto es en la misma línea de Gastón Elola, que es hacer un gesto de pacificación para que no nos sigamos enfrentando. Si el problema eran nuestros salarios, en esta carta renunciamos a la posible remuneración que nos correspondía”.