23.04.2020 Alexandra Inzaurralde denunció reprimenda por parte de Adriana Peña
No existe la calma y la tranquilidad en la política, ni con una pandemia en el medio. En esta oportunidad el enfrentamiento sucede a puertas adentro del Partido Nacional y tiene como protagonistas a Alexandra Inzaurralde, dirigente de la lista 59 y a la Intendenta Adriana Peña.
«Basta recordar los incrementos de impuestos que quisieron que se votaran, que se propusieron por parte de la intendenta algunos que llegaban a 400 por ciento, que la 59 no acompañó y que por consiguiente esa votación no se dio y no se pudieron incrementar esos impuestos. También basta recordar los incrementos de salarios de sueldos a los directores y el intento también de crear nuevos cargos de confianza en la administración, cuando muchas veces esos incrementos de sueldos marcando la diferencia con los otros funcionarios municipales algunas veces eran hasta de más de un 50 por ciento la diferencia con el común del funcionario. Ahí también la lista 59, quien les habla, estuvo de alguna forma encabezando la discusión en relación al tema de esos aumentos del sueldo. Y recientemente las alcaldías que nos tocó advertir el error, obtuvimos el informe de la Corte Electoral, lo presentamos en la Junta y las situaciones se regularizaron en los dos municipios», enumeró Inzaurralde.
La edila manifestó la importancia de sentirse respaldada por otras instituciones como la Junta Departamental de Lavalleja y la Corte Electoral en el reciente caso de las alcaldías, lo que según la dirigente, tuvo como consecuencia el fortalecimiento del sector y de su persona.
«Indudablemente en algún momento iba a venir una reprimenda política, se iba a buscar, con lo que no concordamos realmente es que de alguna forma se empleé para la misma recursos humanos profesionales de la Intendencia y que por consiguiente los pagamos todos», expresó. «Se trata de un expediente que comienza en la gestión del escribano Herman Vergara que también es protagonista como yo de esta reprimenda política, que se excusa porque se encuentra reservándose en el campo por el tema de la pandemia pero que está a las órdenes para cualquier duda telefónica y que sin duda alguna va a dar su propio testimonio, pero que también somos conscientes de que en realidad el objetivo no es él sino quien les habla porque más de una vez ha señalado que él está para apoyar, que ya está pegando la vuelta, que está ya casi de costado. Entonces en este caso el objetivo político es quien les habla», sostuvo la dirigente.
El expediente
Inzaurralde estuvo acompañada por su abogada y compañera de sector, la Dra. María Noel Pereira, en la conferencia de prensa.
«La intendenta valiéndose de su posición privilegiada que tiene del acceso a información que obra en la comuna ha tratado de encontrar un talón de Aquiles en Alexandra Inzaurralde por distintos medios. Ha tratado de desinstalar ese concepto que tiene la opinión pública, toda la ciudadanía de Alexandra como una persona de bien, como una persona leal, honesta con apego al deber ser y a la legalidad. No lo ha conseguido. Esa desazón que le provoca en no poder conseguirlo la ha llevado a manotear, y perdonen la expresión, un expediente del año 2009, un expediente que data de once años atrás. Este expediente refiere a un funcionario municipal, profesional de la comuna, que venía desde la época de Héctor Bolita Leis y que en el año 2009 pretende acogerse al beneficio jubilatorio con los incentivos a los que tienen derechos todos los funcionarios municipales desde el año 2003 donde se aprueba por la JDL una ley que así lo establece», sostuvo la abogada.
«Es un expediente administrativo que se inicia como cualquier otro trámite jubilatorio, la persona que tiene la causal jubilatoria comienza dentro de la IDL un expediente administrativo. Nace en Personal, pasa por las distintas oficinas y esto es bien importante porque el hecho de que ese expediente haya transitado por las distintas oficinas de la IDL, por Jurídica, por Personal, por Hacienda, hacen que esa resolución a la que se arriba se llame resolución informada, que es la diferencia resolución discrecional que es cuando el intendente resuelve por sí mismo. En este caso se inicia el expediente en Personal, transita por las distintas oficinas, todo esto con el intendente Herman Vergara, terminando ya su segundo mandato. Luego Vergara renuncia y asume como intendente el Dr. Oscar Ximénez y ahí Alexandra pasa a ocupar el cargo de Secretaria General de la IDL. Este expediente ya venía andando en un 99 por ciento, lo que faltaba era la resolución. Al estar los informes de todas las oficinas de la IDL de que eso estaba correcto y de que la persona reunía los requisitos necesarios para acogerse a esos requisitos se firma esa resolución. El hecho de que fuera informada es realmente muy importante», relató Pereira.
La abogada sostuvo que la actual administración de la comuna pretende «asignar una nueva interpretación a una norma que tiene 17 años de antigüedad. Ahora venimos con una nueva interpretación de esa norma, una interpretación que bien novedosa nos resulta y pretende hacerla retroactiva esa nueva interpretación al año 2009».
Intencionalidad política
«Con esto vamos a probar la intencionalidad política porque no podemos llegar a otra conclusión. La lógica jurídica y la lógica política confluyen en un único resultado: acá hay una intencionalidad política», afirmó Pereira.
La letrada detalló que «mientras está pasando esto de esta investigación que ella manda en una revisión bien exhaustiva es cuando Alexandra y los compañeros de la 59 están peleando en la JDL el tema del presupuesto, los aumentos de impuestos, los incrementos de salarios. Se obtiene esta resolución en junio de 2018 y 14 meses duerme el expediente en un cajón porque recién con fecha julio 2019, catorce meses después se notifica, se le da traslado a Alexandra para poder presentar sus descargos. Ahí es cuando nosotros ejercemos el derecho de defensa, presentamos el 1 de agosto del año pasado».
«Creo que queda más que claro que no hay otro móvil que no sea político porque la facultad de la IDL de poder revisar para atrás más allá de que no es discrecional, sino que tiene que haber algo que la provoque y en este caso no hubo ni denuncia, sino que antojadizamente se mandó a revisar. Se llega a la notificaciones siempre cuando hay posibilidad de presionar con algo o de revanchismo como estamos convencidos que fue en este momentos. También envía el expediente a la JDL a efectos que pudieran corresponder. Estamos todavía desconociendo qué efectos pueden corresponder cuando el TCR no se ha expedido aún. Estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar», manifestó Pereira. «Esta represalia política llegó justo al día siguiente de la última actividad donde se veían involucrados todos los partidos políticos, no solamente el PN», agregó.
Acciones
Consultada sobre las acciones que pueden tomar al respecto, Inzaurralde indicó que «la primera es dar la cara y que la población conozca, siempre vamos de frente, siempre transmitimos y estamos muy tranquilos y muy seguros de nuestro accionar. Pisamos la Secretaría General y a los pocos días resolvimos sobre un expediente que venía informado y la primera oficina fue Cuentas Personales y al pedido de funcionario dijo corresponde el incentivo. Y pasando de ahí para adelante por todas las oficinas, TCR incluido. Entonces la Dra. María Noel Pereira señala un montón de descargos y argumentos jurídicos y la respuesta que se nos notifica en el día 21 de abril no contraviene ninguno de esos argumentos, lo que dice es ‘no me complace su explicación’, nada más. Ni siquiera se molestan en dar sus argumentos jurídicos. Pero a su vez por ejemplo cuando nos tocó trabajar con el tema de las alcaldías antes de expresarlo y ponerlo en la opinión pública tuviste la precaución de pedirle a la Corte Electoral que te diera la consulta por escrito y el informe, acá se ve que esa ansiedad o ese desespero político llegó a que se va para la JDL, hay que ponerlo en la JDL y siquiera se pide y se espera una respuesta del TCR, que obviamente al TCR va a tener que explicar cómo pasó que durante aquellos años ni el contador auditor ni el contador delegado del TCR observaron este procedimiento. Lo que transmitimos es que lo lamentamos, que sabíamos que en algún momento algo de esto iba a pasar pero aquí estamos».
