10.05.2021 El impacto de la LUC en varios temas a través de la Comisión Pro Referéndum
Carla González, Ana Caballero (ADES Minas), Natalia Belo (Fancap) y Germán Pastorino (Fancap).
Por Karina Núñez
En ronda de prensa en la sede de FANCAP (Federación Ancap) el pasado viernes se habló de una gira que realizó la Comisión Pro Referéndum contra la LUC haciendo alusión a las actividades para la derogación de 135 artículos de la normativa.
La conferencia contó con la presencia de Ana Caballero por Fenapes, Carla González de la Comisión Pro Referéndum, Germán Pastorino presidente de FANCAP y Natalia Belo, secretaria general de FANCAP.
LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN Y EL IMPACTO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Natalia Belo se refirió a la defensa de las empresas públicas, especialmente al «rol de ANCAP para lo que es el Estado, el aporte que hacen las empresas públicas al Estado (Rentas Generales), lo cual brinda un aporte importantísimo y fundamental para lo que es el bienestar de la población en general, en cuanto a lo que es educación, salud y demás. También para acercarle a la población información que no está sobre la mesa y que no se ha compartido».
Esta LUC «sufrió 3 modificaciones, fue aprobada en 90 días y entendemos que no hubo un debate profundo merecido de las cosas que llevan de camino. Dentro de ello figura por ejemplo el tema de la fijación de precios lo cual, digamos, ataca firmemente lo que es el futuro de lo que es la refinación en el país, lo cual es muy grave, ya que estos que estos precios de paridad de importación que se plantean a través de la USEA. No son representativos para lo que es la realidad de la refinación y tampoco representativos de cómo se calculan los precios a nivel mundial, tanto en lo es el nivel de stock como lo que es el costo de flete del combustible hacia puerto, entonces pone en una situación despareja a ANCAP comparándola con precios de paridad de importación», detalló la secretaria de Fancap.
Por otro lado «dentro de lo que es el comité de expertos, ya tuvimos acceso a ese informe donde se plantean unas líneas generales que realmente tienen que ver con el día de la gente, está por fuera de lo que son cuestiones exclusivas a los puestos de trabajo de los funcionarios públicos, hablamos del precio de la garrafa, hablamos que et en tela de juicio en subsidio del súper gas que es algo que usa toda la población en sus hogares. Está en tela de juicio de donde sale el subsidio al transporte, se pretende sacar el fideicomiso que hoy por hoy se financia a través del gas-oil a través de las gasolinas».
Ni que hablar, agregó Belo, «todo lo que tiene que ver con la generación de biocombustible que son una fuente de trabajo muy importante para los lugares más alejados del país, entendemos que ningún privado va a venir a invertir en lugares tan alejados como en Bella Unión, con esa cabeza economicista y entendemos es necesario existan esos desarrollos que solamente las empresas del Estado las puede llevar adelante».
«Siempre hacemos la comparación, a un privado no le va a servir llevar la luz eléctrica al medio del campo, es algo que solamente un ente del Estado lo puede llevar adelante, por eso de la importancia de que la gente pueda llegar a visualizar que lo que estamos defendiendo es el estado de bienestar del pueblo en general, todo lo que conlleva el tema de las empresas del Estado. Ni que hablar de las fuentes laborales que no son únicamente las de los funcionarios públicos sino lo que tiene que ver todas las empresas asociadas que viven del funcionamiento de varias plantas industriales como tiene ANCAP», detalló.
La dirigente sindical señaló que «el negocio del portland, el 2020 con pandemia dio muy bien y bajó muchísimo las pérdidas, por lo que creemos es posible que las empresas del Estado mejoren en sus gestiones. Para eso necesitamos que muchas cuestiones cambien a través de estas iniciativas que se contraponen con una lógica que viene más en el sentido de achicar puestos de trabajos y tercerizar, lo que viene a ser una precarización del trabajo. Entendemos que estamos en contra de esas cuestiones ya que es imposible que con las medidas que se están llevando adelante de recorte de presupuesto y de personal es realmente imposible la larga vida del ente ya que veníamos en una situación precaria del 3 por 2 y ahora venimos a una cuestión que se va a repetir para el 2022 de 3 por 1 de ingreso de personal lo cual lleva a una situación completamente crítica».
«La importancia que tiene una empresa como ANCAP dentro del crecimiento del país que cuando se informa del PBI se informa con y sin refinería en la Teja, y eso es un número que la economía del país lo presenta a nivel mundial y que no lo podemos desconocer. Realmente es muy importante llegar a la firmas y que esto se debata públicamente porque si bien se modificó la LUC, no está en disputa lo que es el monopolio directamente la serie de medidas que se van a llevar adelante realmente, no en el corto plazo pero en un plazo no muy menor van a implicar una desmonopolización por las vía de los hechos, que de hecho ya ha sido planteada a través de la Ley de Presupuesto en sus artículos que desmonopolizan en el puerto y los aeropuertos», afirmó.
LA LUC Y LO PERJUDICIAL SOBRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Ana Caballero, integrante de ADES Minas Filial de FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), dijo que «nosotros hemos dicho hasta el cansancio todo lo perjudicial que es la LUC sobre la educación pública estatal. De todas formas parece que todavía no ha quedado del todo claro de lo realmente afectada que quedaría la educación pública estatal si no se llegan a derogar esos 135 artículos de la LUC y que buena parte justamente corresponde a la educación».
La profesora indicó que hay dos aspectos que perjudican directamente a la educación: uno «es sobre la gobernación de la educación y otra es sobre justamente la libertad de cátedra de los docentes. La parte de la gobernanza de la educación de acuerdo justamente a esta Ley de Urgente Consideración que ya se está aplicando, nosotros pasamos por ejemplo de tener Consejos en los distintos subsistemas a tener direcciones generales, en nuestro caso Dirección General de Enseñanza Secundaria que depende directamente del CODICEN pero que a su vez está bajo la influencia del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Por lo tanto lo que nosotros tenemos es una pérdida de la autonomía de los desconcentrados, donde afecta todas las actividades y nos está afectando ahora con la emergencia sanitaria».
«Los docentes en general sabemos que en Primaria o en UTU todos los días se están recibiendo comunicados, muchos de ellos contradictorios y que vienen de las direcciones respectivas del CODICEN, de la Dirección de Educación Secundaria, de la Dirección de Primaria, de la UTU. Son absolutamente contradictorios porque además cuando las direcciones quieren dar una posibilidad de diálogo, con hacer lo que se llaman las bipartitas, es decir dialogará con los sindicatos, que es lo que corresponde por lo convenios, ahí se dice ‘bueno en esta emergencia sanitaria la educación virtual se va a llamar la educación a disneica y vamos a tratar de que los docentes se vinculen con los estudiantes’, pero después resulta que cuando nosotros venimos al territorio como se está diciendo ahora, lo que tenemos son comunicaciones basadas en la obligatoriedad porque sabemos que una cosa es la palabra frente a la llamada bipartita y otra la que se baja a los bajos medios, a las direcciones e inspecciones. Ahí vemos una pérdida total de autonomía, lo que nos afecta en un momento muy difícil donde la educación pública estatal está pasando por, además de la emergencia sanitaria por una emergencia educativa y no sabemos cómo los gurises de la educación pública van a poder salir en cuanto a sus aprendizajes cuando alguna vez termine esto», cuestionó la docente.
«ACA LA EDUCACIÓN VA A SER PARA ALGUNOS, LOS QUE PUEDEN PAGAR»
Caballero criticó «la mercantilización, algo que el sindicato lo ha venido diciendo también hasta el hartazgo. Eso se nota justamente en una serie de ámbitos, los delegados de lo que serían la enseñanza privada están teniendo cada vez más influencia y por lo tanto hay una pérdida de la educación pública estatal. Lo que uno ve claramente que la LUC y por lo tanto los agentes del gobierno que la llevan adelante la intención que tiene es que lo privado quede prácticamente equilibrado a lo público estatal y entonces todo aquello por lo que se ha caracterizado Uruguay, por el Estado de bienestar incluso mucho antes de que el concepto de Estado de bienestar se hiciera históricamente conocido, lo estamos perdiendo eso de que la educación pública es para todos. Acá la educación va a ser para algunos, para los que pueden pagar, porque además el gobierno se ha ocupado de que lo privado esté muy protegido, como se está ocupando de que las empresas privadas sean las que tienen los mayores beneficios. No estamos hablando de las empresas, hablamos de la educación de los uruguayos».
«Lo otro es la libertad de cátedra, si bien cuando uno mira los artículos hay pequeñas diferencias en la redacción de todas formas se hace hincapié en que los estudiantes podrán ver las fuentes y todo los demás. Por qué hacer todo eso si nosotros ya sabemos que la laicidad y los profesores y los docentes en general estamos cuidando, eso es poner ese manto de sospecha que también ya se ha hecho evidente en la práctica con una especie de persecución a los docentes y a sus prácticas educativas, sobre todo hay determinadas áreas que están muy puestas en el tapete como puede ser el área de historia o de las ciencias sociales», señaló.
«Instamos a la población a firmar contra los 135 artículos de la LUC y entrar en el debate porque la educación no es cuestión que en un mes, dos o tres meses se tenga toda una discusión y ya se decida hacer toda una reforma. La ley de educación que estaba vigente antes de la LUC llevó un debate feroz, incluido en el propio gobierno anterior que era quien propugnaba eso, lo que da cuenta de lo importante que es para la sociedad todo lo que es educación. Eso no se puede solucionar en un debate de tres meses», afirmó la profesora de historia.
«TRABAJAMOS PARA LOGRAR LA DEROGACIÓN DE ESOS ARTÍCULOS»
Carla González detalló que «la Comisión Pro referéndum Lavalleja está integrada por la Intersindical, por sectores del Frente Amplio (FA) y por otros compañeros y por compañeras de forma independiente que se han sumado y vienen trabajando al firme. La experiencia con la recolección que tenemos y que el 1° de mayo la confirmamos, es que la mayoría de la gente nos da la oportunidad de charlar, firma; porque acá lo que está primando y está ocurriendo en el territorio es la desinformación y cómo la mayoría de la gente realmente sigue sin saber lo que es la LUC».
«Estamos sumamente comprometidos, no es menor que vinieran compañeros de otros departamentos a apoyarnos porque es una causa que nos une a nivel nacional y que repercute enormemente en los derechos de los ciudadanos de todo Uruguay. Hay un local central de la Comisión ubicado en la calle Washington Beltrán N° 613 que funciona de lunes a viernes entre las 10 a 12 y de 16 a 19 horas y para el caso de que la persona no pueda acercarse a los puntos, lo puede hacer a través de las redes sociales de Facebook, Instagram (No a la LUC Lavalleja), donde se coordina y nosotros vamos con la papeleta y así recolectar la firma», indicó la coordinadora.
«El logro es posible, se está trabajando en todo el país porque estamos convencidos es una lucha que vale la pena porque lo que queremos es que se abra un diálogo nacional y que el pueblo sea el que decida», concluyó la comunicadora.
