25.06.2022 Dichos de un edil del Partido Nacional sobre periodistas que también ejercen funciones en la comuna generan debate sobre libertad de expresión

Joaquín Hernández

Por Karen Corbo

Los límites de la libertad de expresión es un debate de siglos, sin embargo en Uruguay, la Constitución de la República establece en el artículo 29 que «es enteramente libre en roda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren».

En el departamento de Lavalleja la libertad de expresión se encuentra en el ojo público a partir de las declaraciones del edil de la lista 22 del Partido Nacional, Joaquín Hernández, que realizó en un programa de radio. En las manifestaciones que rápidamente se viralizaron en todo el país, el curul expresa que «lo que a mí me sorprende es cómo de repente algunos periodistas que puede haber tenido algún pasaje por la intendencia o tiene pasaje por la intendencia, habla tan livianamente de la institución donde trabaja. Eso creo que, yo que trabajé también en lo privado, no debería ser visto tan livianamente porque a veces están muy livianitos de cuerpo pero cuando llegan las de apretar hay que dar vuelta la tuerca».

Y agrega que «nosotros hemos conversado de ese tema con varios compañeros ediles y hemos pensado muchísimas veces en hacer algún proyecto o empezar a revisar la legislación departamental porque no puede ser que una persona que trabaja en la intendencia despotrique públicamente contra el organismo en el que trabaja, sea gestión del partido que sea. Lo hemos visto, estamos al tanto, no miramos para el costado y quiero que lo sepan. No hemos tenido la oportunidad todavía sentarnos a pensar en estos temas y llevarlos al papel. Pero lo tenemos en vista porque es una cuestión que ha salido inclusive en las reuniones de bancada donde nosotros hablamos de los temas que nos incumben que es legislar a nivel departamental. Así que lo vemos a eso y cada uno sabe lo que hace».

A propósito del tema, vale recordar que la libertad de pensamiento y expresión también se encuentra regulada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual Uruguay suscribe, que establece especialmente en sus incisos 1 y 2 que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección» y que «el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas».

No presentará propuesta

Consultado respecto a sus dichos en el medio radial, Hernández aseguró que no presentará ninguna propuesta en la Junta Departamental de Lavalleja para regular las expresiones de los periodistas que también ejerzan funciones en la comuna y aseguró que «hay una confusión con el tema y quizás se interpretó mal o yo me expresé mal pero no es ese el tema en cuestión. No voy a presentar ningún proyecto al respecto, simplemente hemos hablado con algunos compañeros ediles en ocasiones muy particulares sobre qué difícil es mantener la reserva o mantener la distancia en algunos casos siendo periodista y funcionario de la intendencia. Lo primero que quiero hacer es dejar claro que soy fiel defensor de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, aún más allá de la libertad de pensamiento».

«En segunda instancia no estoy hablando de los periodistas. Los periodistas son profesionales de la prensa a los cuales respeto mucho, les contesto el teléfono cuando les tengo que contestar y consulto en algunas cuestiones cuando los tengo que consultar, pero jamás le he faltado el respeto a un periodista ni he intentado presionar de ninguna forma. Las personas que me conocen lo saben y también saben la cercanía que tengo con los medios de prensa, no solo por compartir el espacio de la JDL y de la política a nivel departamental sino porque además mi familia en la localidad de Mariscala es propietaria de un medio de prensa y saben bien los que me conocen y los que me rodean todos los días, obviamente la gente de Mariscala y los periodistas de por allá, la forma en la que me manejo y jamás me he entrometido en ninguna cuestión que tenga que ver con la conducción de algún programa, con los temas que están tratando, independientemente de que me sirva o no políticamente», afirmó el edil.

Sin embargo Hernández cuestionó que «no puedo morder la mano que me da de comer. A mí me rechina que algún periodista que trabaja en la intendencia salga públicamente a decir ‘la gestión de la IDL es un desastre’ o ‘la IDL es un desastre’. Creo que ahí hay un límite muy fino en el cual no se puede regular porque la libertad de expresión es libertad de expresión y la libertad de prensa es libertad de prensa y no se regula, simplemente es libertad».

«Lo que sí puedo regular es la función pública, la puedo regular si veo que hay un vacío legal pero creo que no hay vacíos legales en ese sentido. Si nosotros hablamos de la ética en la función pública existe una ley, la 19.823, que si leemos el artículo 8, el literal G habla de la obligación de silencio en todo lo que se conoce por función, incluso después de haber dejado de ser funcionario. También en el estatuto del funcionario del departamento de Lavalleja que es un decreto del año 1982 de la JDL, habla de la reserva del funcionario. El decreto 30 del año 2003 también habla de la cuestión, el artículo 11 de la ley de protección de datos habla del principio de reserva en un lugar de trabajo, el Código Penal en el artículo 302 habla de que todos tenemos la obligación de mantener la reserva, se refiere al secreto profesional en ese caso pero se aplica en un amplio margen, no es solamente restrictivo en lo que es el secreto profesional», añadió.

El edil explicó que en algunos temas hay que fijarse en el caso. «Estoy hablando específicamente del funcionario y de la función. Después lo que cada funcionario es afuera de la intendencia a mí no me interesa, si hay un funcionario que va a hablar afuera de la intendencia públicamente de cuestiones de la intendencia creo que está violando la norma, hay una conjunción de intereses que hay que aclararla. Obviamente que si ese funcionario comparte información que son datos reservados, que son cuestiones que atañen a la función de la persona, ahí hay una doble responsabilidad», sostuvo y agregó que «por ejemplo estamos en el contexto de un fideicomiso, he escuchado muchas veces ‘este fideicomiso no sé si es conveniente para el departamento’ y son funcionarios de la intendencia y periodistas. Que lo hagan como periodistas perfecto, ahora si lo hacen como funcionarios a mí me duele».

Chocaron

Las declaraciones del edil no gustaron en la prensa del departamento en general. Al respecto, el periodista del programa La Lupa de radio Federal, canal 2, canal 10 y que ejerce funciones en la comuna, Sebastián Piñero, expresó que los dichos de Hernández «chocan mucho porque puso en una bolsa a todo un colectivo de funcionarios que ejercemos la profesión, trabajamos en prensa que lejos estamos de dañar la entidad de la intendencia. Hablamos de gestiones de gobierno y de política, nunca involucramos nada ni personal, ni atacamos a la intendencia como ente».

Consultado sobre si estas declaraciones producen temor en los trabajadores de la prensa que también son municipales Piñero sostuvo que «no (es) temor pero alguna represalia puede llegar a haber. Hay compañeros que han tenido ciertas represalias por decir dichos sobre gestiones de gobierno o acciones políticas, nunca tocando la parte personal de nadie».

Según el trabajador, las represalias se tratan de «cambios de horarios o cambios de secciones, a veces al cambiar de sección también afecta el bolsillo porque hay secciones que tienen compensaciones y otras no, entonces ahí se ven modificados un poco los ingresos».

Fabián Werner, fuente perfil de Twitter de Fabián Werner

Impacto

Diario La Unión también consultó al presidente de Cainfo, Fabián Werner, sobre el alcance de la JDL para regular la libertad de expresión de los periodistas, aún cuando presten funciones a la comuna. «Para regular el trabajo periodístico no tiene ninguna potestad y de hecho solo la justicia en Uruguay tiene potestad para establecer algún tipo de medidas al respecto e incluso la justicia tiene limitaciones para ello. Lo que entiendo en este caso es que el edil planteaba tomar algunas medidas en el ámbito del gobierno departamental respecto a estas personas en el ejercicio de su función dentro del departamento. Ahí es todo otro debate que afecta la libertad de expresión de la persona pero no en tanto periodista sino en tanto funcionario. Naturalmente ningún edil o ninguna Junta Departamental, ningún funcionario público, salvo la justicia en casos muy específicos y muy limitados por ley podría llegar a tomar alguna medida contra un periodista», explicó el experto.

Además de las normativas mencionadas, la libertad de prensa está regulada por la ley número 16.099 del 4 de diciembre de 1989, que fue modificada por la ley número 18.515. «La ley de prensa del 89 tuvo una actualización en el 2009 con la ley 18.515 que hizo todavía más garantista el sistema legal uruguayo respecto al ejercicio del periodismo. Por ejemplo se eliminaron los juicios penales contra periodistas, o sea, la posibilidad de que un periodista vaya preso por una publicación y se incluyó la figura de la real malicia como medida de protección del periodista», reseñó el periodista.

En cuanto al impacto en los periodistas del departamento, Werner reflexionó que «este tipo de declaraciones por parte de funcionarios públicos que tienen cierta influencia tanto política como en la posibilidad de aprobar determinados tipos de normativas, por más que sea en el ámbito departamental, tiene una influencia en el ejercicio periodístico y puede llegar a generar algún tipo de impacto en la medida que los periodistas puedan sentirse amenazados en su ejercicio profesional, porque estamos hablando de una figura pública, de un político en este caso, que está anunciando su intención de tomar medidas para el caso de que los periodistas continúen con sus críticas respecto al accionar del gobierno departamental. Entonces cuando un anuncio de este tipo se hace además sin individualizar a quién se dirige en la manifestación pública y se hace tan abiertamente como sin decir cuál es la medida concreta que se va a tomar, obviamente puede generar un impacto, reducir la calidad de la información que circula a nivel público, puede llevar a que periodistas que están investigando el accionar de los políticos a nivel departamental se vean limitados o que tomen la decisión de autocensurarse y detener esas investigaciones periodísticas por considerar que pueden ser objeto de represalias. Hay una serie de situaciones que se pueden generar que no son deseables y que obviamente implican restricciones a la libertad de expresión», sostuvo el profesional. 

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