Junta Departamental de Lavalleja aceptó observaciones del TCR y no dio anuencia para prolongar la concesión de explotación del matadero municipal a Arroyal SA

Por Karen Corbo

En una extensísima sesión, la Junta Departamental de Lavalleja trató las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República, sobre lo resuelto en el período pasado respecto a extender la concesión a la empresa Arroyal S.A. por quince años de la explotación del matadero municipal, con opción a renovarlo quince más. El tema comenzó a tratarse pasada la medianoche de este jueves.

La comisión de Legislación y Turno presentó dos informes, uno en mayoría que aconsejaba al plenario «aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y dejar constancia en acta que no corresponde otorgar la anuencia solicitada. Esta decisión tiene sustento tanto en el dictamen por unanimidad del TCR como en el informe emitido por el asesor letrado de la JDL, los cuales coinciden en la imposibilidad legal de subsanar las observaciones formuladas. Esta posición tomada en mayoría por la comisión de Legislación y Turno no compromete la seguridad del cumplimiento de los plazos del comodato de concesión vigente ni de la fuente laboral de los empleados de la firma concesionaria, dado que dicha concesión está vigente hasta el año 2028. Se abre un tiempo suficiente para subsanar la situación procurando el mayor beneficio para las partes».

Este informe fue firmado por el edil del frenteamplista Enrique Foderé y el colorado Gerardo Palumbo. Mientras que el informe en minoría lo firmó la nacionalista Carol Aviaga, quien solicitó que el tema fuera remitido al Ejecutivo Departamental.

Foderé mencionó que la comisión se reunió en varias oportunidades y que aunque no hayan llegado a un acuerdo -por lo que se realizaron dos informes- «está claro que para nosotros este proyecto es muy importante para la ciudad y para el departamento. Creemos que, por la importancia que este proyecto tiene para nuestra ciudad, debemos ser responsables, ya que, como dicen los informes del TCR y que lo refrenda el asesor letrado, estos informes tienen observaciones gravísimas al respecto, y por ende, no corresponde dar la anuencia».

A continuación realizó una moción para que la JDL convoque «al intendente departamental a establecer a la brevedad un espacio de trabajo conjunto que permita alcanzar una solución definitiva respecto al funcionamiento del matadero municipal. En ese ámbito de acuerdos, se procurará explorar los mecanismos legales y reglamentarios que garanticen las inversiones necesarias para el desarrollo del sector y que, al mismo tiempo, brinden certezas y estabilidad a las y los trabajadores vinculados».

Historia

El edil del Partido Colorado, Luis Carresse, recordó que en «2009 ya estábamos hablando de este tema en la campaña electoral, porque ya se veía que no había pasado por la Junta y ese es el gran problema que ha tenido esto. En el 2008 lo determinan unilateralmente por el Ejecutivo, no lo pasan por la Junta Departamental, no se le da el aval y desde ahí empieza todo este tipo de irregularidades que estamos en el 2025 y seguimos arrastrando. Estas irregularidades que se decía que con el producido del alquiler del frigorífico, se iba a techar la piscina del Parque Rodó en cuestión de meses y en el 2020 después se vino a techar,  no fue ni siquiera con el producido ese dinero».

En 2018, «tuvimos horas de debate en esta Junta Departamental hasta que encontramos por allá consenso y vaya que fue bueno, porque lo que todos siempre dijimos fue la fuente laboral no puede parar, la empresa, la industria no puede frenar esas 120, 130, 140 familias, tienen que ser 200 y tenemos que seguir apostando a más y tenemos que seguir generando la transparencia, la cristalinidad, la base para que esto continúe. Tenemos que hacer las cosas bien y en el 2018 una prolongación de los plazos, se celebró un nuevo acuerdo, de una naturaleza jurídica similar a la anterior, a 10 años que lo volvíamos a tratar alrededor de 2026-2027-2028 para estar votando la sesión de la Junta Departamental. Entonces el periodo anterior era un periodo de bypass que no tenía mayor injerencia.Eso habíamos acordado los tres partidos políticos, de que simplemente íbamos a hacer esa parte de fiscalización que tanto hacemos los ediles y que le correspondía a este Ejecutivo», consignó.

Carresse apuntó que «una semana, 10 días antes de cambiar de intendente resulta que se tiró sobre la mesa» el tema y que «dijimos bien claro que esto era insostenible, que el TCR iba a observar, iba a decir por acá no, señores».

El edil sostuvo que «esto no está bien encaminado, lo tenemos que encaminar bien. Entonces vamos a pensar en lo que tenemos que hacer porque tenemos una nueva oportunidad de dar una solución definitiva a 30 años, pero como tiene que ser».

Ejecutivo

La nacionalista Carol Aviaga consideró que el tema debía remitirse al Ejecutivo Departamental. «Es un tema demasiado importante como para que el intendente, don Daniel Ximénez, no tenga el expediente en sus manos y no lo lea debidamente y se informe debidamente para después expedirse sobre el tema. Y si algo lo cree conveniente no seguir adelante, ok, lo mandará la Junta con ese mensaje. Si él cree conveniente que lo actuado está bien, también lo informará. Pero ¿sabe qué? El TCR no es vinculante», señaló y mostró «reiteraciones de gastos hechas por esta Administración y el TCR observó varias, estas son todas, pero hay varias resoluciones más donde el TCR observa procedimientos y pagos y demás y el intendente de Daniel Ximénez ha reiterado el gasto y ya está. Y se terminó ahí. No digo que esté bien o que esté mal. Lo que digo es que según las formas que creo que se tienen que mantener, por lo menos tenemos que tener la opinión del intendente Ximénez en este tema antes de tomar una decisión sobre él».

Certeza jurídica

La curul del Partido Nacional, María Noel Pereira sostuvo que el departamento «necesita fuentes de trabajo, es lo que más se necesita. Esta es una inversión privada, no cuesta un peso de los dineros públicos, al contrario, es gente que aporta para poder solventar los gastos públicos».

Mocionó «que se reitere, se avance y que el intendente continúe con la anuencia para poder suscribir este contrato y garantizar y asegurar de una vez por todas porque el tiempo en la vida de cualquier persona por supuesto que es algo finito y las necesidades económicas también y cada día que pasa cuentan cuando se trata de inversiones que se puedan atraer a nuestro departamento. Tengo la plata, tengo 10 millones de dólares para invertir necesito que me den certeza jurídica, necesito tener plazo para que el banco me apruebe el crédito, eso es lo que está al alcance de esta Junta Departamental».

Gabriel Gutiérrez subrayó que la empresa genera 150 puestos de trabajo directos y que además aporta 120 mil dólares anuales por el arrendamiento. Expuso que la posición del PN era que «que el intendente tome el expediente, extienda el contrato, que se le dé la certeza al empresario que ha estado siempre y que se priorice lo que verdaderamente importa, el trabajo de 150 familias y el crecimiento de nuestro departamento».

Mecanismos

La edila del FA Paola Rojas le consultó al asesor letrado de la JDL Dr. Julio Serrón su opinión sobre los mecanismos. El abogado aclaró que su opinión era técnica. «Es claro que esta Junta mediante el decreto 3985 le dio anuencia a la Intendencia Departamental a los efectos de que suscribiera el contrato con Arroyal S.A. por un plazo de 15 años y llegado a ese plazo la posibilidad de una prórroga por 15 años más. Este decreto se votó ad referéndum del TCR», que «observó por ilegal el procedimiento utilizado en este en este contrato, suscrito en principio en aquellos albores en el 2008, 2009. Desde el año 2018 vengo sosteniendo lo mismo, que acá existió una ilegalidad, no se cumplió con el artículo 35 de la ley 9515, no pasó el primer contrato por la aprobación de la JDL, lo cual determinó en mi humilde opinión que existiera una ilegalidad que no se puede subsanar, por lo menos bajo mi asesoramiento, en el sentido de que cuando se salió de la dictadura se convalidaron muchas muchas ilegalidades, pero esta no se podía convalidar en mi humilde opinión».

«El TCR, con los mismos argumentos que yo utilizara, apoyó lo que dije y en el informe que hace mención tanto el informe en mayoría como el informe en minoría, establezco claramente que de ninguna manera la JDL puede dar la anuencia. ¿Qué significa esto? Observa el TCR, viene al Cuerpo, porque debe venir al Cuerpo, a los efectos de que mantenemos o no mantenemos la observación. Si estamos de acuerdo en este Cuerpo con lo que observa el TCR, no se le da la anuencia al Ejecutivo para que se suscriba el contrato. Es decir, necesariamente el expediente tiene que venir a nuestro Cuerpo, a nuestra decisión. No es que somos ajenos», reseñó el profesional.

El representante del PN Hugo Olascoaga adelantó que defendería lo votado en el período anterior y que continuaría insistiendo «en otorgarle esta firma a Arroyal 15 años y 15 años, más allá de lo que diga el TCR, porque primero me importa la gente. Me importa la gente. Y no porque quiera despreciar absolutamente nada de lo dicho por algunos ediles acá dentro, sino porque para mí primero está la gente, primero está lo humano, por arriba de lo legal».

Votación

El debate se prolongó por varias intervenciones. Finalmente los ediles resolvieron apoyar el informe en mayoría y la propuesta de conformación de un espacio de trabajo que también integre el Ejecutivo Departamental.