09.12.2023 JDL sesionó en el marco del Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes

Por Karen Corbo

En casi dos horas y media la Junta Departamental de Lavalleja realizó una sesión extraordinaria en la que junto con técnicas INAU y la de la ONG Gurises Unidos, abordaron la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La sesión tuvo lugar el jueves, cuando se conmemoró el día nacional.

La directora departamental de INAU, Karina Piedrahita se refirió a la creación de la Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES) y la designación del 7 de diciembre como Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

«Conapees se crea con el cometido de poder implementar y monitorear las políticas públicas que combatan y prevengan la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en todas sus modalidades. A nosotros nos interesa plantear que la explotación sexual es una violación de los derechos humanos y un delito que se produce y se reproduce a partir de un sistema hegemónico de dominio patriarcal sostenido en creencias y prácticas culturales que cosifican a los niños, niñas y adolescentes, y justifican actos de violencia sexual. Para este cometido de las políticas públicas que se elaboran deben tener en cuenta las múltiples dimensiones de este fenómeno, las dinámicas que hacen a la producción y reproducción de este problema en su construcción histórica, social, económica, política, de género y generaciones», reseñó.

«La explotación sexual comercial es una de las peores formas de violencia que transforma a los niños, niñas y adolescentes en mercancía, en un producto vendible para adultos que buscan la satisfacción de sus deseos de poder, sometimiento y gratificación sexual. La explotación sexual existe y se expresa a lo largo y ancho del país, obviamente en diferentes escenarios, en contextos cambiantes, en grandes emprendimientos industriales, en la comunicación, en las plataformas virtuales», indicó.

Piedrahita compartió los números presentados el jueves a nivel nacional, «del registro de las situaciones confirmadas y las presunciones de explotación sexual comercial. Se manejan 346 situaciones, de las cuales en años anteriores hablamos de 177, pero lo más duro es que hablamos que las situaciones nuevas en 2023 ascienden a 169. La gran mayoría de las víctimas son de género femenino, entre 12 y 17 años. En Lavalleja estamos hablando de 13 situaciones y que también se han realizado muchísimas otras denuncias en conjunto también con el proyecto ‘En ruta’ a Fiscalía por presunción de situaciones de explotación sexual. No es un departamento que sea ajeno para nada a este fenómeno y está bueno poderlo problematizarlo, trabajar y saber cómo vamos actuando», detalló.

Jenny Gopar, psicóloga de INAU, mencionó que «en esto de pensar en la explotación sexual y en los niños, niñas y adolescentes, a veces uno tiene la idea de que esas cosas pasan con los adolescentes más grandes, pero los números que tenemos (marcan que) tenemos por ejemplo una situación de un niño de un año, también de niños de tres años y la mayoría se concentra entre los 12 y los 17 años. Cuando estamos hablando de estos números hablamos de situaciones que están denunciadas, que no quiere decir que sea la totalidad de las situaciones porque sabemos que muchas veces estas situaciones no llegan y el número es mucho mayor del que podemos registrar y manejar. Pero estos datos de pensar en niños de uno o tres años explotados, es algo que realmente nos tiene que interpelar a todos».

Concepto

La Lic. en Trabajo Social Cecilia Romero, integrante del proyecto «En ruta» de Gurises Unidos. «El proyecto itinerante ‘En ruta’ es un convenio itinerante con INAU desde el año 2014 que trabaja básicamente en tres líneas: una es la sensibilización en materia de explotación sexual, la orientación a los equipos cuando se detecta una situación y también el acompañamiento a situaciones puntuales para el abordaje».

A continuación la profesional hizo referencia al concepto de explotación sexual, que «se define en el año 1996, en el Congreso Mundial de Estocolmo, donde los estados de las Naciones Unidas definen y acuerda una primera definición. Es perfectible, por supuesto, pero es un primer intento de poder ponernos de acuerdo en un concepto que es histórico, que tiene múltiples variables y que durante mucho tiempo nos costó ponerle un nombre que reflejara dónde está colocada la responsabilidad».

«La explotación sexual es una violación fundamental de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abarca las situaciones de abuso sexual pero más allá de las situación de abuso sexual, hay una remuneración o un intercambio para niños, niñas o adolescentes de parte de una tercera persona o personas. Lo central es que el cuerpo de niños, niñas y adolescentes tiene un precio, hay una cosificación del otro», definió.

La Dra. Gabriela De Castro, integrante del proyecto y de Gurises Unidos ahondó en el concepto. La explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes abarca «el abuso sexual, que está intrínseco en la explotación sexual, a cambio de una retribución o una promesa de retribución. Cuando la definición dice que es en dinero o en especie es porque muchas veces la retribución es en dinero, pero otras veces es en cosas materiales como lo pueden ser ropa, un celular, la entrada para ir al baile para las adolescencias por ejemplo. Muchas veces son cosas que no son materiales como por ejemplo la promesa de un techo, de una familia, del cariño, de una mejor vida. Esto muchas veces se da en una modalidad específica que es la de parejas acordadas. Esto también hace que muchas veces sea difícil una vez que se detecta una situación y se pretende realizar la denuncia poder probar esta retribución», explicó.

«Cuando dice que es para una tercera persona o personas es porque muchas veces la retribución es para el niño, niña o adolescente, o para su familia, una tercera persona que puede ser un familiar, un vecino o un allegado», indicó De Castro. La abogada destacó que «la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que es un rector de las políticas públicas en infancias y adolescencias, cambia un poco el paradigma para la protección integral de niños, niñas y adolescente y establece al niño, niña o adolescente como un sujeto de derecho y no como un objeto de derechos de tutela, como era percibido».

«La llamada explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que antes muchos capaz que la conocían como la prostitución infantil hoy en día se cambia la forma de llamarlo porque esto muestra la perspectiva con la que miramos el fenómenos. Cuando decíamos ‘prostitución infantil’, en realidad estábamos poniendo el foco en el niño, niña o adolescente, cuando al cambiar el concepto a explotación sexual ponemos el foco donde tiene que estar, que es en la persona adulta que está cometiendo este delito. Con esto viene aparejado que no existe el consentimiento del niño, niña o adolescente. Muchas veces escuchamos que lo eligen o es su trabajo, que si es una pareja acordada que están enamorados de la persona, pero es un consentimiento que entendemos viciado porque es una relación que no está en igualdad de condiciones obviamente porque de un lado hay una persona adulta y del otro lado hay un niño, niña o adolescente. Tienen diferente desarrollo cognitivo como biológico, diferentes posibilidades económicas, por eso decimos que no existe el consentimiento de un niño, niña o adolescente para esta situación», enfatizó.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes implica «una desigualdad de un adulto que se está aprovechando de un niño, niña o adolescentes, ya sea por una situación económica, de reconocimiento de otro que le está demostrando afecto. Hay un aprovechamiento de un adulto hacia un niño, niña o adolescente de diversas formas. Nosotros las llamamos las modalidades de explotación sexual en principio son cinco, la más común es la utilización de personas menores de edad en actividades sexuales remuneradas, el pago por sexo. También la utilización de personas menores de edad para espectáculos sexuales, esto es para shows, para poder verlos bailar con poca ropa y demás sin que haya un contacto corporal. La trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes tanto a nivel internacional como dentro del país, llevarlos de un lugar a otro donde no tienen sus redes de protección y donde no saben a quién recurrir en caso de estar frente a un peligro. Todas las cuestiones vinculadas a la elaboración de material pornográfico, ya sea con el cuerpo explícito de niño, niña o adolescente, o partes, o representaciones gráficas que lleven a suponer que está cometiendo un acto sexual en videos, fotos y demás», detalló la Lic. Romero.

«Una modalidad que es de las más frecuentes y las que nos cuesta más identificar porque histórica también sucedió así, que son las parejas acordadas o los matrimonios serviles. Estos son niños, niñas o adolescentes en un vínculo sexoafectivo con una persona mayor de edad, con mucha diferencia de edad en muchos casos. Esto suponiendo que la explotación sexual se basa en una diferencia de poder, en este tipo de parejas también hay una diferencia de poder entre un niño, niña o adolescente y un adulto que está en otra situación y con otras posibilidades económicas con los chiquilines», agregó.

Prevención

«Uruguay ratifica todas las convenciones de las Naciones Unidas y en el ámbito Interamericano vinculadas a protección de derechos y contra la explotación sexual, contra la trata, son ley en nuestro país, son exigibles y se transforman también en el marco normativo nacional que da cuenta de un avance en materia de protección de derechos y de garantías para los niños, niñas y adolescentes y de persecución del delito de los adultos», describió Romero en cuanto al trabajo del país en el área. «El delito de la explotación sexual es un delito que cometen los adultos, los chiquilines son víctimas en este caso», enfatizó la técnica. «El paradigma que Uruguay asume como propio en el marco normativo es que el delito de explotación sexual es del adulto», agregó.

«En estos compromisos que Uruguay asume a nivel de las Naciones Unidas empieza a firmar compromisos internacionales que tiene que dar y rendir cuentas a las Naciones Unidas y a la OEA. Entre las principales líneas de trabajo que tiene que llevar adelante fue de los ajustes normativos, cuando se ratifican hay un período de tiempo que es cuando surge el Código de la Niñez y Adolescencia, la creación de Conapees, entre los años 2004, 2005, hay como un cúmulo grande de cuestiones que se ratifican en el país y que pasan a ser las leyes que están ahora. Las últimas son las de violencia sexual (que es la de explotación la 17.815), el Código de la Niñez y la Adolescencia que es el marco garante de derechos para las infancias y adolescencias, la ley de migraciones que incorpora a todo lo vinculado a tráfico de personas, la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género que incorpora a los niños, niñas y adolescentes como personas vulnerables que entran dentro de esta ley y la ley 19.643 de prevención y combate contra la trata de personas, que toma las cuestiones vinculadas a trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes», consignó.

«Uruguay garantiza derechos y otra de las cuestiones que las Naciones Unidas le recomendaba era ajustar su política pública. En ese sentido empieza a crear comités interinstitucionales para dar respuestas, en eso se crea el Conapees, la Mesa de Trata, como espacios grandes de trabajo sobre explotación sexual donde participan todas las políticas públicas y los representantes de las sectoriales del Estado. La perspectiva que Uruguay lleva adelante para el abordaje de estas situaciones es desde la integralidad y desde la articulación, en el entendido de que no hay una única institución responsable para dar cuenta a la protección de los chiquilines y a la persecución de estos delitos, que son temas tan complejos que se requiere de respuestas sumamente articuladas, sino la parte empieza a caer», señaló.

La profesional comentó que el país responde a través de informes periódicos a los comités de Naciones Unidas y la OEA sobre los avances en materia normativas, así como a través de las visitas de relatores especiales. «Lo que ella (la relatora) trae en sus versiones preliminares de las recomendaciones para el Estado uruguayo es la necesidad de empezar a desnaturalizar algunas prácticas. Nosotros lo traducimos como un trabajo en línea de prevención, poder empezar a ponerle nombre a algunas cosas y poder anticiparnos antes que las situaciones sucedan. Las líneas de trabajo que Uruguay puede llevar adelante, que se hecho lleva adelante cada institución de manera diferente, van desde la prevención, a la atención, al acceso a la justicia, incluida la reparación de las víctimas. Son las tres grandes áreas que se deben intervenir. Por supuesto no todos hacemos todo y no todos intervenimos en los mismos ejes, pero en materia de prevención sí todos podemos intervenir desde los distintos ámbitos en los que estamos porque partimos de la premisa general que todos somos responsables y todos podemos hacer algo para que las situaciones de explotación sexual no sigan generándose», referenció.

Romero aludió a las campañas realizadas para la concientización de la sociedad como mecanismo de prevención. «La participación de los propios niños, niñas y adolescentes en materia de prevención es fundamental. Que ellos mismos puedan junto a sus pares y al mundo adulto poder colocar cómo quieren ser cuidados, cómo ven este tema, qué es lo que pueden hacer y qué mecanismo pueden conocer para poder pedir ayuda, cuando están ellos en una situación y cuando saben que hay otro que está en esta situación», afirmó. También manifestó la necesidad de «trabajar con las comunidades, con los vecinos, con el que queda en territorio una vez que las instituciones se retiran porque el horario de trabajo termina y la institución se va, el que queda en territorio es el vecino. Poder trabajar con una comunidad, un entorno que protege a las infancias y adolescencias es fundamental y es una línea de prevención fuerte». Sobre el final de la oratoria, las técnicas lanzaron la pregunta a los ediles de que se puede hacer desde la JDL.

A continuación se compartió el spot de la campaña de este año y la directora departamental de INAU cerró indicando que «cuando alguien piense que está viendo que se está presenciando, que sospecha de alguna situación puede hacer una denuncia en la Línea Azul de INAU que es el 0800 5050. Algo que también nos interesa que quede muy claro, que a veces con el afán de poder denunciar, perdemos a veces lo que es la estrategia de trabajo y lo primero que tenemos que pensar cuando se teje una estrategia por una situación de explotación sexual contra un niño, niña o adolescente, es proteger a la víctima. Tenemos que poder buscar primero diseñar dentro de toda esa estrategia la protección de la víctima y obviamente es un delito, hay que poder denunciarlo, hay canales, hay un marco normativo que establece y pena este delito, pero la idea es más importante es que también hay que centrarse mucho en proteger y en reparar el daño».

Mociones

A continuación se abrió un espacio de preguntas de los ediles hacia las profesionales y sobre el final de la sesión los curules emitieron tres mociones. Una de ellas fue presentada por la edila del Partido Nacional, Ana Laura Nis, que propuso «que se planifique para el año 2024 realizar un conversatorio o taller con los ediles, los funcionarios y los representantes de INAU para dialogar sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, prevención y detección temprana sobre dicha problemática a realizarse los días fuera de sesión». La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Las dos mociones restantes fueron realizadas por el edil del Frente Amplio Mauro Álvarez. La primera implicaba «que en cada evento público que se lleve adelante dentro del territorio departamental, ya sea deportivo, culturales, musicales, tradicionales, etcétera, se difundan spot publicitarios contra la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Para la autorización de estos espectáculos se deberá exigir por parte de la Intendencia Departamental de Lavalleja el cumplimiento de este requerimiento». El curul solicitó que el tema pase a la comisión de Legislación y Turno. La moción fue aprobada por 18 votos en 20 ediles presentes.

La última moción establecía una declaración de la JDL: «la JDL expresa su más enérgico repudio y rechazo a todo acto y conducta de abuso y explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus modalidades. Reafirmamos nuestro compromiso institucional en pos de promover políticas públicas para la prevención, concientización y sensibilización frente a la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes». Antes de la votación el curul propuso que la declaración «se haga pública de la manera que la mesa entienda pertinente». La moción fue aprobada por los 20 ediles presentes en sala.